El Grupo de Puebla, movimiento político que reúne a líderes progresistas de 14 países de América Latina y el Caribe, además del ex Presidente del Gobierno de España, envió al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, una carta para respaldar sus propuestas y expresar su apoyo a “las relevantes y progresistas acciones desarrolladas por la organización que usted maneja con capacidad y dedicación”.
El documento fue entregado a Guterres el pasado 16 de abril por medio de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y quien –además- es miembro de la agrupación internacional.
La iniciativa del Grupo de Puebla, según detallaron en el escrito firmado por los fundadores del movimiento – Aloizio Mercadante Oliva, Ernesto Samper, Esperanza Martínez, Celso Amorim y Marco Enríquez-Ominami- responde al interés de sus miembros de contribuir “con nuestras reflexiones y articulaciones” al organismo, lo que motivó también la entrega de la última declaración del Grupo luego del encuentro del 10 de abril donde, entre otras materias, instaron a los gobiernos a implementar con urgencia políticas sociales que apunten a la salud pública, alimentación y medidas paliativas ante el desempleo, además de la cooperación entre países, el fin a los bloqueos y un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria para hacer frente a la pandemia.
“El drama actual y urgente de la pandemia de Covid-19 demuestra bien que los problemas globales requieren soluciones globales. En el caso de esta nueva pandemia, está claro que el efectivo combate solo será posible por medio de un amplio esfuerzo global, que involucre a instituciones multilaterales, particularmente la ONU y la OMS, así como a todos los gobiernos el planeta”, agrega la misiva que recalca que “excluir a los países de esta lucha por la vida, además de ser egoísta y cruel, representa una amenaza grave y constante a todos los demás países. Como ya se ha dicho, en esta lucha, o venceremos todos o nadie vencerá”.
Asimismo, la carta destaca que la última Declaración del Grupo de Puebla “apoya firmemente el valiente llamado que usted hizo hacia la suspensión inmediata de las sanciones unilaterales, que agravan las consecuencias de la pandemia y constituyen una violación frontal del Derecho Humanitario” (…) y “su llamado hacia a un alto al fuego en todos los conflictos”.
“El Grupo de Puebla está firmemente comprometido con la cooperación internacional, sin la cual será imposible alcanzar la solución a otros problemas mundiales, como la lucha contra el hambre, la desigualdad, la pobreza, el racismo y la inequidad de género”, detallan los fundadores, insistiendo en que “los países y regiones que quedan atrás en el esfuerzo global terminan afectando a todo el planeta. Estamos de acuerdo con el espíritu de la Agenda 2030, según la cual «nadie debería quedarse atrás».
Por último, la agrupación valoró el trabajo “difícil, complejo y profundamente necesario de las Naciones Unidas en su búsqueda incesante de un mundo pacífico, democrático, cooperativo, solidario y justo”, puntualizando que “en América Latina y el Caribe, en particular, las acciones, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la CEPAL, siempre han desempeñado un papel importante en el diseño y la implementación de políticas progresistas”.
Grupo de Puebla llama a universalidad de la vacuna contra el virus
Paralelamente, el Grupo de Puebla emitió una nueva declaración pública instando a que la vacuna contra el nuevo coronavirus “sea un bien de uso público, universal y gratuito”.
En el documento difundido ayer, la agrupación de líderes progresistas apuntó a que la “crisis ha enfrentado a los gobiernos, a la comunidad científica y a la sociedad a desafíos globales, que esperan respuestas coordinadas”, asegurando que “existen 70 vacunas en estudio contra el coronavirus, tres de las cuales, están en fase dos de evaluación clínica”.
“Las farmacéuticas, los organismos multilaterales, y los gobiernos de los países donde se están desarrollando los estudios deben comprometerse a que la propiedad intelectual de la vacuna será un bien de uso público y se tomarán medidas para anular las patentes sobre la misma, basados en los principios de justicia social, equidad y la solidaridad, puesto que, es imprescindible usar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la salud y la vida”.
Por lo anterior, el movimiento instó a la solidaridad, coordinación y armonización global “de las políticas y respuestas”, como único mecanismo que permita “salir de este desafío con la mayor cantidad de vidas salvadas, como ocurrió con el caso del genoma humano en 2013, con la decisión judicial de Estados Unidos sobre propiedad intelectual, la cual democratizó el desarrollo de investigaciones sobre cáncer de ovario y mama”.
