La diputada del PRI Martha Orta Rodríguez presentará el próximo miércoles 4 de mayo ante el Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de ley, la cual busca castigar a quienes difundan memes, según información de Animal Político.
«Comete el delito de difusión ilícita de imágenes y sonidos quien transmita, publique, difunda o ceda a terceros imágenes, sonidos o grabaciones con contenido lesivo, que denigre o humille a una persona con o sin su consentimiento, las cuales pueden o no contener texto. Este delito se sancionará con una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de trescientos a cuatrocientos salarios mínimos», indica la iniciativa.
En su exposición de motivos, la diputada priista argumenta que «la posibilidad de comunicarnos en instantes no solo con personas conocidas sino también con desconocidas, nos hace vulnerables en todo sentido, pues muchas veces la información se usa para denigrar o lacerar la honra, la buena fe o simplemente exponer la vida de otras personas.
Asimismo, através de su cuenta de Facebook, la legisladora aseguró que está a favor de la libertad de expresión y del derechos a la intimidad, por lo que presentaría la propuesta que busca disuadir la violencia o acoso desde las sociales.
Detalló que cuatro de cada 10 personas de entre 12 a 18 años de edad como potenciales víctimas de sufrir algún tipo de acoso o maltrato a través de los medios electrónicos.
De todos ellos 9 de cada 10 asegura haber vivido algún momento violencia y acoso desde las redes. Es por esta razón que la propuesta se encuentra dirigida a disuadir estas conductas tan frecuentes en nuestro país como en nuestro estado., según datos de la empresa en seguridad en línea de McAfee,
«Actualmente las redes sociales por si mismas cuentan con la opción de denuncia, (como Facebook) la cual remite a buscar leyes para sancionar está intromisión a la intimidad. Responde a una necesidad de padres y madres de familia y a una política nacional para contrarrestar la violencia escolar
Existe el temor de que esta medida afecte la libertad de expresión de la ciudadanía ante personajes públicos dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay que aclarar que su investidura y sus funciones tiene ese carácter de público y de observancia publica, pero también gozan de las mismas garantías que cualquier ciudadano», expresó.
