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Al momento de los actos violentos en que murieron 44 reos del penal de Apodaca, había en su interior 43 mujeres y 25 menores de edad, quienes resultaron ilesos, reveló la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Martínez Garza.
Se informó que se abrió una investigación de oficio para determinar si autoridades penitenciarias incurrieron en responsabilidades por la violación de derechos humanos.
Expuso que se detectó la presencia de mujeres y menores de edad que habían permanecido en el área de visitas desde el sábado anterior, bajo la figura de visita conyugal, y cuya salida de las instalaciones les había sido negada hasta la madrugada del domingo en que se iniciaron los disturbios penitenciarios.
Martínez Garza señaló que ante esto, personalmente hizo las gestiones para que las 43 mujeres y los 25 menores de edad pudieran evacuar el edificio, logrando que se les permitiera salir en el transcurso de la tarde del mismo domingo.
No obstante las gestiones para sacarlas del lugar, mencionó, un grupo de 39 mujeres, prefirió permanecer al interior de la zona de visitantes en espera de cerciorarse de que sus parejas se encontraran en buen estado físico.
En este contexto, cuestionó que se permitiera que niñas y niños pernoctaran en el reclusorio, y que se les retuviera al interior del mismo pese a la grave situación que prevalecía.
Paralelo a la investigación de oficio, pidió a autoridades de Nuevo León implementar un operativo especial de visitas para que los familiares puedan constatar el estado de salud de los internos de la penitenciaría localizada al norte de Monterrey.
La titular de la CEDH informó que personal del organismo a su cargo coadyuvará de forma permanente en la atención integral de las familias de los internos.
Por último, pidió a autoridades estatales realizar una investigación exhaustiva y expedita que permita determinar las responsabilidades penales derivadas de los sucesos en los que también se evadieron otros 30 reos, así como sujetar a los responsables ante la autoridad judicial competente.
Lo anterior, puntualizó, para que una vez desahogados los procesos correspondientes, sean sancionados conforme a Derecho y se cubra la debida reparación del daño a las víctimas o sus familiares.
