Senadores de todas las bancadas presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reformas en materia de combate al bullying, que incluye la expedición de la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar.
La iniciativa presentada durante la sesión de hoy por los senadores Mariana Gómez del Campo, Angélica de la Peña y Omar Fayad, plantea sanciones económicas hasta por cinco mil salarios mínimos, es decir 350 mil pesos de multa, a maestros y padres de familia que sean omisos en casos de violencia escolar con sus hijos o alumnos.
Ello al margen de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, así como se establece la inhabilitación hasta por cinco años del cargo a maestros y directivos de planteles escolares que solapen o no actúen a tiempo en contra del llamado bullying.
“Son infracciones a la presente ley incurrir, infligir, permitir o tolerar actos de violencia en el entorno escolar; incitar a la realización de actos de violencia en el entorno escolar; no tomar previsiones necesarias dentro de planteles educativos y en el horario escolar o en las actividades desarrolladas en la unidad escolar”.
La iniciativa se presenta días después de la muerte de un menor de secundaria en Tamaulipas, por agresiones de sus compañeros. En la reforma se plantea modificar también la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por supuesto el Código Penal Federal.
Con ello se busca prevenir y prohibir todo acto de violencia en los centros escolares tanto públicos como privados.
Las sanciones van desde la amonestación pública hasta una multa de cinco mil días de salario mínimo para padres y maestros que no controlen, que permitan o que alienten la violencia escolar.
En el caso de los maestros se harán acreedores a la suspensión definitiva del puesto académico y a la inhabilitación del cargo hasta por cinco años.
En tribuna, la senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, argumentó que es urgente este nuevo marco legal para que todos los sectores colaboren y contrarrestar la violencia que impera en los centros escolares del país.
En el caso de niños agresores deberán ser canalizados para su atención psicológica junto con los integrantes de su entorno familiar para recibir terapia integral, a fin de eliminar conductas violentas en su ámbito familiar y escolar. Se contempla la reparación del daño para las víctimas de este fenómeno.
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