México tiene un “serio problema” en materia de desapariciones, no ha cumplido con muchos de sus compromisos internacionales en este tema y no cuenta con un registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente, afirma el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará el lunes ante la ONU y al que The Associated Press tuvo acceso.
Según el documento, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, pedirá al Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que haga diversas recomendaciones al gobierno en esta materia. El comité evaluará a México el lunes y el martes.
Los últimos datos oficiales ofrecidos por Eliana García, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, durante un foro de la Cámara de Diputados el 19 de enero indican que hay en México 23.271 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales la Unidad de Búsqueda de la PGR intenta hallar a 621.
El ombudsman critica que no existan criterios claros para establecer cuántos de esos casos fueron desapariciones forzadas, y subraya que la “impunidad” permitida en las desapariciones de las décadas de 1970 y 1980 ha generado las condiciones para que ese delito se siga cometiendo, como demuestra el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en el estado de Guerrero.
A juicio de González Pérez es necesario “realizar una labor de sistematización, compulsa y depuración” de las distintas bases de datos existentes porque no hay un registro nacional “eficaz, exhaustivo y transparente” que permita conocer el número real de personas desaparecidas en México.
De hecho, en el foro antes mencionado Eliana García reconoció que los datos actuales de los que dispone el gobierno no pueden ser considerados un registro nacional “confiable”.
La Comisión pedirá también ante la ONU que se continúe con la búsqueda y el registro de fosas clandestinas, la identificación de los cuerpos que en ellas se hallen, que se unifiquen criterios en toda la república para lograr bases de datos confiables, que se haga una registro genético y que se atiendan los compromisos legislativos pendientes, como la publicación del reglamento para que funcione plenamente el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas o la creación de una ley en materia de desaparición forzada.
Desde que comenzó su mandato, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prometió que daría a conocer cifras verificables de desaparecidos en México. En agosto de 2014 hizo pública una lista de 22.322 personas no encontradas desde 2006, de las cuales un total de 9.790 habían desaparecido después de que empezó su presidencia el 1 de diciembre de 2012.
En su intervención en el foro de la Cámara de Diputados, Eliana García sólo ofreció la nueva cifra oficial con casi mil desaparecidos más pero, según el comunicado de prensa del Congreso de ese día, remontó la fecha de inicio del registro a 2003.
La fiscalía general y seis de las 32 demarcaciones del país han comenzado a trabajar para integrar una base de datos unificada, conocida como AM/PM (ante mórtem/post mórtem) y creada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero el proceso va muy lento. Un ejemplo: en septiembre del año pasado, el Distrito Federal, una de las entidades con más capacidad, sólo había podido incluir ahí los datos de 20 cadáveres no identificados de los 13.000 que tiene en sus archivos.
Familiares de desaparecidos, tanto de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre en Guerrero, como de otros mexicanos cuyo paradero se desconoce desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó su guerra frontal contra el crimen organizado en 2006, han viajado a Ginebra con la intención de dar a conocer sus experiencias al comité de la ONU.
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