A pesar de encontrarse diversas anomalías en empresas agroindustriales de Jalisco, principalmente que el 95% de ellas no otorga seguridad social a sus empleados y que sólo tres de más de medio centenar dan prestaciones de ley, la autoridad estatal no buscará sancionar “sino corregir”, informó ayer a través de un comunicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta semana iniciaron las mesas de diálogo entre 57 empresas del ramo de Jalisco inspeccionadas y las autoridades estatales para tratar de impedir que se vulneren los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, a pesar de las anomalías detectadas en las recientes inspecciones, Eduardo Almaguer Ramírez, titular de la secretaría, aseguró que “lo que se busca no es sancionar, sino corregir”. La cloaca de abusos a trabajadores del campo se destapó después que 275 jornaleros fueron rescatados de un albergue de la empresa Bioparques de Occidente, donde eran víctimas de graves atropellos. A partir de entonces la autoridad estatal reinició las acciones de vigilancia en estas compañías.
A decir de Almaguer, los principales perjudicados de que se descubran abusos en las empresas agropecuarias son los mismos productores, pues señala que las marcas se verían afectadas al comprobarse que los trabajadores producen en condiciones inhumanas. El subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Balmore Shaivett Flores González, señaló que diversos decretos benefician a empresarios agrícolas.
Pueden inscribir a sus trabajadores temporales sin ver mermadas sus utilidades y sin arriesgarse como patrones. Se solicitó entrevista a los funcionarios del IMSS, así como a las autoridades laborales tanto del estado como de la federación, pero no estuvieron disponibles para comentar sobre el asunto.
Análisis
Perjudica a todos
A decir del doctor Martín Guadalupe Romero Morett, jefe del departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, que las empresas dejen de atender prestaciones tan básicas como el seguro social, genera un grave impacto social, así como económico. “Tiene graves implicaciones sociales; el seguro social es un derecho de los trabajadores que está allí por una razón: los empleados necesitan recibir servicios médicos; la gente se enferma, a veces por causas laborales, y por el otro lado el seguro social también finiquita el derecho a la jubilación. Si no se cumple con esa ley, se tienen graves problemas sociales. Cuando la gente ya no puede trabajar, ¿quién la va a mantener?”.
Agregó el especialista que “si una empresa incumple con sus obligaciones debe de ser sancionada (…). Lo deseable es que no haya cierre de empresas, sino que cumplan con la ley y siga el empleo; espero que no haya necesidad de llegar a casos extremos de que cierren la empresa. Somos un estado de leyes”. “Las leyes están ahí porque se ocupan esas leyes: la gente necesita jubilarse. Imaginen a toda esa gente que trabaja toda la vida y no tiene para mantenerse de viejos; pasan a ser una carga social. Eso implica que las empresas que no pagan seguro nos están trasladando a nosotros el costo. Se llama externalidades negativas; a nosotros nos están externalizando el costo que ellos como empresarios debieron haber pagado.
Ahora todos nos debemos de cooperar para mantener a estas personas. Son los pobres ayudando a otros pobres porque los ricos no quisieron responsabilizarse de esa obligación”.
“Es una situación de injusticia donde los ricos trasladan sus costos a los pobres y las clases medias; lo mismo cuando se enferman y no tienen seguro. ¿A quiénes trasladan los costos de curar a esas personas? A las instituciones de asistencia social que nosotros pagamos”.
Datos
57 empresas agroindustriales se inspeccionaron
(5%) cumplen con todas las obligaciones que marca la ley laboral
15 mil jornaleros llegan a Jalisco en el periodo de agosto a noviembre, pues es cuando se intensifican las cosechas de tomate y moras, principalmente al sur de la entidad.
