Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos exigieron este lunes el cese del director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, al que acusan de colocar evidencias en el río San Juan donde fueron halladas bolsas con restos humanos que permitieron identificar a Alexander Mora.
«Queremos una investigación a Tomás Zerón» que determine «cuál fue el motivo o circunstancias que lo llevaron a sembrar las pruebas», dijo en rueda de prensa Mario César Contreras, padre de uno de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso durante un año reveló en su segundo informe, presentado el domingo en la capital mexicana, que Zerón encabezó una diligencia en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 de la que no hay constancia en el expediente.
Los especialistas divulgaron imágenes de dicha inspección, durante la cual se recolectaron pruebas y en la que participó uno de los inculpados, así como fotos que dan cuenta de dos bolsas, de las cuales al menos una de ellas tenía restos óseos.
Un día después, un buzo de la Marina halló en el río una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a Alexander Mora, el único de los 43 desaparecidos científicamente identificado, según consta en la averiguación previa.
Por todo ello, Contreras pidió este lunes «el cese» de Zerón y reiteró la necesidad de que se investigue.
A esta demanda se le sumó Ezquiel Mora, padre de Alexander, quien dijo que la «Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) no quiere dejar el basurero de Cocula ni el río San juan» en su afán para esconder «todas las verdades de todos los desaparecidos» con sus «males y mañas».
El director del Centro Prodh, Mario Patrón, explicó que desde el primer informe de los expertos de la CIDH, en septiembre de 2015, los padres solicitaron a la oficina de investigación creada ex profeso para el caso unas semanas más tarde que se investigaran responsabilidades.
«Los padres y madres han solicitado desde hace más de siete meses la oportunidad que se haga esta investigación por obstrucción de la justicia, por posible fabricación de evidencias y posible tortura para generar» una verdad del caso, señaló.
En este sentido, remarcó que a través del video presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH se ve que hubo diligencias no integradas en el expedientes y, por tanto, «violatorias del debido proceso».
El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo el domingo que «la PGR analizará dicho material y en el marco de la investigación determinará lo conducente».
Este domingo el GIEI presentó su segundo y último informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que sugirió nuevas líneas de investigación y denunció serias inconsistencias en las pesquisas y documentó torturas a inculpados.
Ello parecería encaminado a sostener una nueva versión oficial, según la cual los 43 jóvenes, detenidos por policías corruptos, no fueron en su totalidad entregados y asesinados por el cártel Guerreros Unidos en el vertedero de Cocula, sino solo una parte de ellos.
Además, denunciaron obstrucción de la justicia y en su investigación, y consideraron que tras un año de investigaciones el Gobierno no les dio condiciones para seguir efectuando su trabajo
TE RECOMENDAMOS
Ninguna evidencia vincula al Ejército con desaparición de normalistas
