La procuradora general de la República, Arely Gómez informó que el Gobierno federal ofrece una recompensa de 60 millones de pesos a quien informe sobre datos veraces para reaprender al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien se fugara el sábado pasado del penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México. El monto duplica lo ofrecido antes de ser capturado por segunda vez, en febrero del año pasado; 30 millones de pesos.
A su vez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que El Chapo burló los protocolos de seguridad con los que contaba el penal del Altiplano al desarrollar una estrategia para fugarse a través de un túnel de más de un kilómetro, cuya entrada estaba en su celda.
Dijo que dicho plan no lo hubiera logrado el capo sin la ayuda del personal y/o funcionarios del Centro de Readaptación Social 1 Altiplano.
“De confirmarse estos hechos, constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y compromiso, siempre con compromiso por México, arriesgaron su vida para capturarlo”, comentó.
Por ello, informó que cesó al director del penal, Valentín Cárdenas Lerma, la coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), Celina Oseguera Parra, así como el titular del Órgano de Administración Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora.
El encargado de la política interior del país puntualizó que tales funcionarios fueron retirados de sus cargos para no entorpecer el desarrollo de la investigación y porque podrían estar involucrados en la fuga de Guzmán Loera.
En conferencia de prensa detalló que el sinaloense contaba con un brazalete preventivo para su localización dentro del reclusorio y que en su celda tenía instalado un sistema de vigilancia de circuito cerrado que siempre estuvo operando y que se monitoreaba en tres turnos, durante las 24 horas.
El seguimiento a través de las cámaras se hacía desde el interior del penal y el Centro de Control de la Policía Federal.
Osorio Chong abundó que “por razones de derechos humanos y el respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos” .
De ahí que el líder del cártel de Sinaloa hubiera desarrollado una estrategia para huir de forma subterránea del centro penitenciario que, dijo, cuenta con 750 cámaras, puntos de revisión y módulos de aislamiento para internos de alta peligrosidad, bardas perimetrales, aduanas peatonales y vehiculares; torres de vigilancia internas y externas, además de 26 filtros entre puertas y controles desde el área de aduana hasta la de tratamientos especiales.
En su oportunidad, la procuradora Arely Gómez indicó que la investigación sobre la fuga del “Chapo” está a cargo de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) y aseguró que hasta el momento han obtenido declaraciones de 34 personas que laboran en el penal, a quienes se les está determinando su situación jurídica.
Gómez agregó que la PGR para recibir datos del narcotraficante se pone a disposición de la ciudadanía la LÍNEA 01 800 00 854 00, a fin de que se mantenga el anonimato de quienes deseen compartir información.
Desde hace un año en el interior del penal existe un operativo de vigilancia adicional en el que participan militares y la Policía Federal. A Joaquín “El Chapo” Guzmán
