Las víctimas contaron historias terribles de abuso sexual, palizas, hambre e inmundicia en el albergue en el que vivían y que alguna vez gozó de gran prestigio, dijeron el miércoles las autoridades de la Procuraduría General de la República que rescataron del lugar a 607 niños y adultos.
Algunas de esas personas dijeron que los empleados las obligaban a tener sexo y otras que las castigaban encerrándolas en un pequeño cuarto sin agua ni comida. De las víctimas, 10 estaban tan desnutridas que la policía no pudo determinar su edad.
“La víctima 4 declara haber sido recluida en el albergue en contra de su voluntad desde los 18 años”, dijo Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría Federal de la República.
“Fue abusada sexualmente por uno de los administradores, de modo que se quedó embarazada, luego fue golpeada por este mismo sujeto para provocarle un aborto, golpeándo(la) en el vientre en distintas ocasiones”, agregó.
Dos menores dijeron a los investigadores que un miembro del personal masculino los obligaba a que le hiciera sexo oral y que advirtió a uno de ellos que lo mataría y vendería sus órganos si se oponía, dijo Zerón.
Otra dijo que recibía golpes en el rostro, era obligada por un sujeto a tener sexo oral y encerrada por tiempos prolongados en un cuarto muy pequeño que le llamaban “El Pinocho”, sin comida ni agua “a manera de castigo”.
Una joven también narró que era sometida a abuso físico con una manguera y denunció que un trabajador del albergue le obligaba a realizar actos sexuales.
Otra víctima contó que fue engañada por la fundadora del internado, Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, quien le había ofrecido liberar a su prima, pero cuando llegó al lugar las dos quedaron atrapadas.
“Las declaraciones de las víctimas tienen un peso sustancial en la integración de la averiguación previa”, afirmó Murillo, quien recordó que apenas van 12 testimonios y aún les faltan muchos más.
Hay unas declaraciones a personas que abusaban, pero otras que salvan la humanidad de quienes se convirtieron en “verdaderos protectores” de los menores, por eso “tenemos que ser muy cuidadosos”, afirmó tras considerar de “terrible y escandaloso” este asunto.
“La PGR va a cumplir con su deber, que es proteger a las víctimas de delito”, aseguró el procurador, quien indicó que la investigación sigue abierta y que aún están determinando “los posibles delitos” que imputarán a los detenidos, entre ellos, Verduzco y ocho de sus colaboradores.
Los funcionarios señalaron que se llevan a cabo exámenes de identificación y confirmaron que Verduzco fue internada en un hospital por crisis nerviosa y está bajo resguardo de fuerzas federales.
En la operación la policía liberó el martes a seis bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 hombres en el albergue La Gran Familia, en el que predominaba la inmundicia. El titular de la Procuraduría General de la Republica, Jesús Murillo Karam, dijo que las personas recluidas en el lugar vivían entre 20 toneladas de basura.
Nueve empleados del albergue, en la ciudad de Zamora, en el estado occidental de Michoacán, fueron detenidos y son interrogados, aunque Murillo Karam dijo que algunos de los demás trabajadores sí intentaban proteger a los menores.
Las autoridades dijeron que el albergue, que llegó a tener gran prestigio, recibió en algunas ocasiones recursos del gobierno, que incluso le había confiado la custodia de varios niños.
El gobierno inspeccionaba el lugar, pero quizá debido al “prestigio que tenía” las revisiones se hicieron menos rigurosas, aseguró Murillo Karam.
El miércoles por la mañana la madre de un menor que estuvo en el albergue dijo que sólo se le permitía ver a su hijo tres veces al año y que la responsable del lugar le exigió el equivalente a 2.800 dólares para que pudiera llevárselo.
Verónica Gamina dijo a The Associated Press por teléfono que hace cuatro años ella misma llevó a su hijo de entonces 9 años a la casa hogar porque tenía que trabajar y no podía cuidarlo.
Gamina afirmó que cuando volvió para pedir que le entregaran a su hijo, ahora de 13 años, “me dijeron que tenía que escribir cartas explicando por qué me lo quería llevar, luego me pidieron 37,000 pesos (unos 2.800 dólares) pero yo gano 800 a la semana y no puedo juntar tanto dinero”.
La mujer hizo sus declaraciones desde el exterior del albergue, custodiado por la policía y donde se habían reunido unos 70 parientes de las personas que estaban en el lugar.
Gamina, de 28 años, empleada que vende emparedados locales, dijo que acudió a las autoridades al enterarse por alguien que había escapado del albergue de las condiciones que prevalecían en ese lugar.
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