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Las adecuaciones y obras hechas en el Centro Federal de Readaptación Social 1 (Cefereso) «Altiplano», tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, «el Chapo», en 2015 al escapar por un túnel fueron reservadas por 10 años para evitar que la delincuencia organizada pueda planear fugas de reos.
Tras la evasión del líder del Cártel de Sinaloa la noche del 11 de julio de la año pasado, las autoridades penitenciarias llevaron a cabo «modificaciones, adecuaciones, mejoras y trabajos» entre julio y diciembre de 2015, para corregir y fortalecer las instalaciones del penal de máxima seguridad vulnerado.
Versiones periodísticas informaron hace unos meses que los primeros trabajos se hicieron a nivel de suelo, pues se colocaro rejillas de varilla gruesa, sobre las que vertieron concreto. También se detalló la colocación de «cañones de ruido» ubicados en las torres de vigilancia para inhibir cualquier intento de fuga por tierra o aire.
Sin embargo, de acuerdo con la solicitud de información con folio 3670000000916, hecha al Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), los datos sobre el tipo de trabajos hechos en ese centro penitenciario están reservados por 10 años, a partir del 26 de mayo de 2015.
La resolución del Comité de Transparencia OADPRS/CT/023/16, fechada el 4 de marzo pasado, estableció la reserva de las obras realizadas del Altiplano, en virtud de tratarse de asuntos que comprometen la seguridad pública y ponen en riesgo la vida y seguridad de las personas físicas que se encuentran recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social 1.
Los integrantes del Comité consideraron que al entregar los detalles de los trabajos realizados en el penal tras el escape de Guzmán Loera a nivel de daño «presente y/o probable» se «otorgaría información que la delincuencia organizada puede utilizar para cometer delitos o poner en riesgo la seguridad de los internos y el funcionamiento del Cefereso No. 1 ‘Atiplano'».
Agregaron que «se pone en riesgo la seguridad de los internos, ya que al dar a conocer las modificaciones, adecuaciones, mejoras o cualquier trabajo realizado dentro del Cefereso No. 1, se pondría en evidencia la capacidad que tiene el Centro en cuanto los materiales, medidas, lugares, etc. donde se han realizado dichas tareas; lo que se traduce en la posibilidad de fugas, motines o cualquier delito que atente el buen funcionamiento de los establecimientos penitenciarios».
A nivel de «daño específico» con la revelación de dicha informaciónse estaría vulnerando el desempeño de las funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, así como la prevención y persecución de delitos. Enfatizaron que el objetivo es conducirse con «secrecía y confidencialidad en materia de seguridad».
En conclusión, dar la información vulneraría la seguridad del Altiplano, así como las acciones de las autoridades para guardar el orden al interior del penal. «De darse a conocer la información, se pueden generar planes de la Delincuencia Organizada, para planear fugas, y cualquier tipo de delito, poniendo en riesgo la vida de cualquier persona, y en consecuencia, se daría a conocer las debilidades y fortalezas que tiene el sistema penitenciario federal».
Casi 100 mdp por remodelación
Los datos de la solicitud fueron contestados por la Dirección de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales (DOPRMSG): «el costo general de dichos trabajos, se informa que ascendió a la cantidad de 99.9 millones de pesos (mdp), mismo que fue dividido en tres contrataciones, cuyos importes por cada una, ascendieron a las cantidades de 33.4 mdp, 52.4 mdp y 14.1 mdp”.
La solicitud fue firmada por el titular de Transparencia de la OADPRS, José Reyes Martínez.
