Un tribunal brasileño notificó a notarías y a varios organismos reguladores sobre las propiedades de bienes raíces, un yate y un avión del futbolista Neymar que están embargados en desarrollo de un proceso judicial contra el jugador del Barcelona por supuesta evasión fiscal.
El Séptimo Tribunal Federal de Santos informó a Efe que la lista de bienes del jugador de la selección brasileña y del Barcelona fue enviada a notarías de Sao Paulo y de las ciudades de Sao Vicente, Praia Grande, Guarujá y Santos, todas en el litoral paulista, e Itapema, en el sureño estado de Santa Catarina.
Además, fueron notificadas la Capitanía de Puertos de Sao Paulo, encargada de regular el transporte en yates en el mayor estado brasileño, y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La medida de embargo pretende asegurar el pago de deudas tributarias y posibles multas derivadas de supuestas irregularidades en la declaración del fichaje del atacante por el Barcelona.
El valor bloqueado fue elevado la semana pasada a 192.7 millones de reales (unos 48 millones de dólares), lo que incluye tanto el patrimonio de Neymar como el de su padre y de las tres empresas de la familia.
El fisco brasileño le demanda a Neymar el pago de cerca de 63.6 millones de reales (16 millones de dólares aproximadamente) en concepto de impuestos no declarados entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2013 referentes a su transferencia del Santos al Barcelona.
El tribunal ordenó el bloqueo del 150 % de esa suma para asegurar el pago de la deuda tributaria, sus intereses y la posible multa que se podría aplicar.
El ente fiscal brasileño considera que Neymar evadió impuestos porque declaró el dinero que percibió por su fichaje por el Barcelona como ganancias de sus empresas, y no como un rendimiento de su trabajo.
Además, el fisco le acusa de omitir de su declaración de impuestos el cobro de servicios de publicidad y de derechos de imagen relacionados a su fichaje.
Las supuestas irregularidades cometidas durante la transferencia del delantero del Santos al Barcelona también son investigadas por la Justicia española.
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