En México hemos experimentado en los últimos años niveles altísimos de violencia, ejercida mediante diversas expresiones y actores, y de manera muy marcada hacia las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), de un total de 24 566 381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, se registra que 45% (11, 018, 415) han vivido algún episodio de maltrato o agresión durante su relación conyugal.
En ese sentido el Estado Mexicano ha asumido algunas obligaciones de carácter internacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se desprenden principalmente de estándares desarrollados en instrumentos internacionales ratificados por México, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo Facultativo de la CEDAW)y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará). Así mismo El 1° de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establecen las obligaciones de coordinación de las autoridades en sus tres niveles para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, retoma los principios de igualdad y no discriminación así como de protección de los derechos humanos como condiciones para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.
De acuerdo con la ENDIREH 2011, las mujeres no denuncian esa condición de violencia; 63.9% de las mujeres entrevistadas dijeron que no denunciaron porque el hecho no tuvo importancia o porque consideran que él no va a cambiar; 17.4% por vergüenza o para que su familia no se entere; 14.0% por miedo, a las amenazas de su pareja; 13.6% porque él les dijo que iba a cambiar o porque piensan que su pareja tiene derecho a reprenderlas. Actualmente, las estructuras sociales todavía desalientan o impiden la denuncia de hechos violentos ocurridos dentro de una relación de pareja; por ejemplo, 12.7% de las mujeres casadas o unidas violentadas, no denuncian por sus hijos o porque su familia las convenció de no hacerlo.
Ante esta situación, los centros de salud y unidades hospitalarias representan un espacio privilegiado para la detección, atención y prevención de la violencia familiar y de género, debido a que las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, desafortunadamente necesitarán acudir a estos servicios, en ese sentido el Estado Mexicano ha implementado desde el sector salud diversas normas, reglamentos, planes y programas para atender el problema de la violencia como un problema de salud pública, uno de estos programas es el Programa de Acción específico Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (PAE PAVF Y G), este programa lo coordina el Centro Nacional de equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) y transfiere recursos del Ramo 12 mediante el convenio Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones en Salud Pública de las Entidades Federativas (AFASPE).
En 2015 Fundar inició una colaboración con el Observatorio de Muerte Materna en México (OMM), para hacer monitoreo al convenio AFASPE del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013 en el estado de Guerrero, como un ejercicio de contraloría social con fines de transparencia. La importancia de este acuerdo radica en que presenta información sumamente detallada que permite dar seguimiento a diversos programas que se implementan en las entidades Federativas, como por ejemplo: obligaciones de transparencia para las entidades, alineación del presupuesto a la estrategia del programa, alineación de las fuentes de financiamiento (ramo 12, ramo 33 y anexo IV), metas y ministraciones, programación de supervisión y evaluación.
En 2013 la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero destino 3, 091,356.46 de pesos para la operación de este programa y para las metas siguientes: Número de grupos de reeducación de víctimas o agresores formados y Mujeres de 15 años o más, usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa. Para un estado como Guerrero que cuenta con 7 jurisdicciones sanitarias, 14 hospitales Generales, 24 comunitarios y 2 Organismos públicos Descentralizados (OPD), estos recursos son insuficientes para desarrollar el programa que brinda atención esencial y especializada médica y psicológica a mujeres víctimas de violencia, porque no le permite garantizar un equipo amplio de médicos, trabajo social y psicólogos especializados
A casi 10 años de la instauración del Programa de Acción Específico de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, es indispensable hacer una evaluación sobre su diseño e implementación, mediante la transparencia y rendición de cuentas en los recursos asignados, de tal suerte que se asignen más recursos y que estos puedan ser vigilados desde el Poder Legislativo.
