En Guanajuato se discute la Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión y Abusos. Además de reformar el código penal para que estos hechos no queden impunes.
La iniciativa de ley plantea que se asista de manera integral a todas las personas que sean víctimas de actividades como extorsión, estafas, torturas y manipulaciones, dados por líderes, grupos, colectivos u organizaciones que ejercen persuasión coercitiva y/o abusos contra ellos a fin de lograr los objetivos de dicha organización.
También busca sancionar de 3 a 5 años de cárcel a quienes a través de estos grupos o sectas cometan violaciones contra la integridad de las personas y de 10 a 15 años de prisión se aplicará si se llegaran a cometer violación, extorsión o manipulación.
“Se caracterizan por ser entrenamientos, cursos, talleres, vivencias o retiros, con modalidad de esquema multinivel o piramidal altamente sectarios en el que se pide a los participantes de todos los niveles, invitar a más personas a “cambiar su vida”, “mejorar sus hábitos”, “lograr su superación personal”, entre otros, a través de la compra de dichos talleres o productos”, justifica la iniciativa.
La iniciativa ejemplifica estos casos con lo ocurrido con la organización “NXIVM” y señala que “tuvo presencia en México, y su principal socio comercial fue Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a través de la empresa Programa de Éxito Ejecutivo (ESP) que opera en el país desde 2002 vendiendo cursos y programas de superación personal a individuos con alto poder adquisitivo. Actualmente Raniere enfrenta una condena de 120 años en prisión en Estados Unidos por 7 cargos criminales que incluyen tráfico sexual, pornografía infantil, trabajos forzados, fraude y extorsión, robo de identidad y obstrucción de la justicia”.
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La iniciativa fue discutida este martes en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León, donde se vertieron opiniones sobre la misma. Destaca que los ediles votaron en favor de opiniones contrarias a la iniciativa, se argumentó que no contiene medidas especiales para acompañar a las víctimas y que los delitos que se busca perseguir ya se encuentran tipificados en el Código Penal de Guanajuato.
“Es un tema muy delicado, muy importante que obviamente se vive actualmente. La iniciativa habla de la asistencia en la salud como resultado de estas presiones y amenazas. La intención es muy buena pero ya está cubriéndose, ya está previsto en la ley (...) No dicen el cómo ni las herramientas”, el avance de la iniciativa aun será discutido en el Congreso del Estado de Guanajuato.
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