Porque tienen que analizarlo, el Congreso de Jalisco decidió vedar durante dos semanas los resultados del estudio que desarrollo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para detectar aviadores y las malas prácticas que se registran dentro de la nómina del Poder Legislativo.
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Aunque se dijo se harían transparentes los resultados, los diputados de la Junta de Coordinación Política argumentaron se analizarán los resultados del estudio y posteriormente se presentarán a la opinión pública.
Algunos diputados justificaron vedar los resultados durante las dos semanas para tomar las mejores decisiones en torno en la nómina, otros abogaron por la transparencia del ejercicio que le costó al erario 800 mil pesos.
“Digo, hay que conocerlo, por supuesto, imponerse al contenido y a partir de ahí ver la ruta que se propone por los profesionales que hicieron precisamente este diagnóstico de cómo mejorar y como eficientar el trabajo de los empleados del Congreso”, afirmó el diputado de Morena, José María Martínez.
“Acordamos no adelantar información porque es un asunto muy delicado y nosotros creemos que dar a conocer información por adelantado puede empeorar el proceso”, expuso por su parte la legisladora Mara Robles del partido Hagamos y presidenta de la Comisión de Administración que de hecho fue quien solicitó el estudio al IMCO.
Para el análisis en cuestión, se utilizaron los datos y documentos proporcionados por las áreas administrativas del Congreso, y se tomó en cuenta el catálogo de buenas prácticas en materia de gestión de nómina, tanto a nivel local como internacional.
El IMCO tampoco quiso revelar los resultados de su estudio donde se emitieron recomendaciones de buenas prácticas.
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Según el estudio 2022 del IMCO, el Congreso de Jalisco es el cuarto más costoso a nivel nacional. La revisión muestra que el gasto promedio por legislador jalisciense aumentó un millón y medio de pesos, al pasar de 20.3 a 21.8 millones, entre 2021 y 2022.
En gran parte lo costoso del Congreso es por la gran cantidad de empleados con los que dispone cada legislador.
