Tras la aprobación del nuevo Reglamento de Movilidad y Seguridad Vial para el municipio de Guadalajara, que incorpora la aplicación de los llamados inmovilizadores, el municipio sólo falta realizar la licitación para la compra de los equipos e iniciar su operación. En cuanto la reforma se publique en la Gaceta Municipal, podrá iniciarse su aplicación.
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Originalmente, el alcalde tapatío, Pablo Lemus, señaló que cada uno de estos equipos tendría un costo de 650 pesos aproximadamente, pero el reglamento recién aprobado señala que estos dispositivos podrán ser colocados por los inspectores municipales de movilidad, quienes “podrán apoyarse de terceros” para la colocación y remolque de las unidades, es decir, permitiría que particulares (en servicio concesionado) puedan ejecutar la colocación y labores de remolque de aquellos que incumplan con el pago de multas.
Aunque se anunció la aplicación de estos dispositivos desde el año pasado, fue hasta la aprobación de la Ley de Ingresos de 2023 que ya aparecen las multas a quienes les coloquen estos aparatos y que debe cubrirse para que sean retirados: irá de los 415 a los cuatro mil pesos.
El artículo 168 de la nueva ley especifica que los inmovilizadores podrán ser colocados esté o no el dueño del vehículo, su conductor u otro pasajero. Del mismo modo, especifica que tras la aplicación del aparato la persona tendrá 24 horas para realizar el pago de la multa y luego de realizar dicho pago o de lo contrario la unidad será remitida al corralón. Después de que se efectúa el pago, la autoridad especifica que tendrán 12 horas para remover el equipo inmovilizador.
En el inciso VI de dicho artículo se menciona que “cuando una persona dificulte o se niegue a que se ejerzan las facultades de supervisión, inspección, sanción o de inmovilización, insulte o denigre al personal autorizado, será puesta a disposición de la autoridad competente”. También explica que quien retire sin autorización o dañe un dispositivo inmovilizador, recibirá una sanción que va de los 60 a 120 Unidad de Medida y Actualización (seis mil a 12 mil pesos).
En que casos se coloca el inmovilizador
El artículo 158 del nuevo reglamento se especifica que el inmovilizador se colocará sólo a los reincidentes que en menos de un año repliquen la misma falta. Entre las faltas que serán sancionadas se encuentran:
- No cubrir la tarifa del estacionómetro o la tarifa vigente autorizada para el uso de un cajón de estacionamiento.
- Invadir dos o más cajones de estacionamiento.
- Obstruir cocheras.
- Estacionarse en intersección de calles sin respetar el paso peatonal.
- Estacionarse en vialidades donde no se permita el estacionamiento por línea amarilla.
- Estacionarse en zona peatonal, banqueta, camellón o andador peatonal.
- Estacionarse en batería cuando marque cordón o viceversa.
- Estacionarse en doble fila.
- Estacionarse en sentido contrario al sentido de la circulación.
- Estacionarse en un espacio delimitado como estacionamiento exclusivo con excepción de vehículos de emergencia o persona con discapacidad.
- Impedir el trabajo de alguna manera de los inspectores de movilidad.
- Exceder el tiempo máximo en un espacio delimitado para carga o descarga.
- Estacionarse en rampa o espacio para personas con discapacidad.
- Estacionarse en ciclovía, ciclopuerto o lugares específicos para la movilidad sustentable.
- Por realizar labores de carga y descarga en espacios de estacionamiento sin el pago correspondiente del derecho o sin advertir a la autoridad municipal.
- Por estacionarse en zonas prohibidas.
Programa polémico y controversial
Las autoridades han señalado que el programa de inmovilizadores se enfocaría en corredores comerciales como el Centro de Guadalajara, Obregón, Medrano, así como los corredores gastronómicos de Providencia, Chapultepec, Chapalita entre otros.
En 2008, durante la administración del presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, se implementó un programa de colocación de inmovilizadores, enfocado principalmente en automotores con placas foráneas y que estuvieran mal estacionados. Hubo quejas y manifestaciones por la presunta violación a derechos humanos y al derecho al libre tránsito. Después de un mes de puesto en marcha, dicho programa tuvo que ser eliminado, pues también se reportaron atropellos por parte de personal del municipio que instalaba los inmovilizadores.
“Aún falta definir varios aspectos que ya debieron quedar plasmados en el texto, por ejemplo, si los vehículos se retiran de la cochera que están estorbando o de la rampa, o ahí se dejan hasta que se retire; tampoco se especifica si las unidades con placas de otros estados podrán pagar su multa o cómo se procede, creo que faltó resolver varios aspectos de este reglamento para evitar margen a impugnaciones o sospechas”, acusó Diana Rivera, abogada y urbanista.
