La herida de las explosiones del 22 de abril (III y última parte)

Explosiones en Guadalajara de 1992: se desmorona la ilusión (I de III partes)

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Explosiones del 22 de abril: Era un miércoles de Pascua (II de III partes)

La historia del 22 de abril no finalizó aquel miércoles. A la medianoche del jueves, se abría un nuevo capítulo, el cual consistiría en la caída de líderes políticos, la búsqueda de una justicia que jamás llegaría y en la falta de apoyo para los damnificados.

En la primera parte narramos lo que aconteció antes de las explosiones; en la edición de ayer comentamos lo ocurrido el miércoles 22 de abril de 1992, en esta tercera y última parte, la crónica abarcará los principales hechos después de que Guadalajara amaneció con sus calles destruidas.

La historia del 22 de abril no se ha cerrado, igual que muchas de las heridas: los responsables están libres y no hay interés de las autoridad para aclarar lo acontecido; peor aún, los lesionados nunca recibieron el apoyo que tanto les han prometido, aunque ha sido promesa de campaña para muchos.


Lentamente, el resto de la población que no sufrió pérdidas, olvida el dolor de ese día. Las nuevas generaciones desconocen lo acontecido. Para los afectados que aún luchan, solamente queda una frase para mantenerse en pie: “¡22 de abril, no se olvida!”.

Consecuencias de las explosiones:

23 de abril de 1992:

  •    Rescatistas aún buscaban sobrevivientes entre los escombros. Salinas de Gortari recorrió nuevamente la zona. 

  •    El gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío se lavaba los manos argumentando que la evacuación la debió hacer el presidente municipal Enrique Dau Flores.

  •    Grupos de derechos humanos exigían que se retiraran los traxcavos de la zona siniestrada.


  •    Culpan al director del Cuerpo de Bomberos, Trinidad López Rivas, y al director del Siapa, Gualberto Limón Macías, de haber ocultado el riesgo 24 horas antes del primer estallido.

    •    24 de abril, 16:00 horas:   

  •    Dan por terminada la búsqueda de sobrevivientes. A decir de rescatistas, entre los escombros que recogían las máquinas había restos de personas.
       
25 de abril de 1992:

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   •    Cayeron las primeras cabezas: pidieron licencia Enrique Dau Flores y Limón Macías. Afectados exigen juicio político contra el gobernador Cosío Vidaurri

26 de abril:

   •    Absuelven a la aceitera La Central y las sospechas recaen en Pemex. Testigos afirman que durante la noche, varias pipas arrojaron miles de litros de agua al drenaje tratando de limpiar las supuestas evidencias con las que los inculparían.

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27 de abril:

  •    Resultados preliminares: Pemex no previno un derrame de gasolina en el subsuelo. Enrique Dau Flores y Aristeo Mejía Durán, secretario de Desarrollo Urbano, son encontrados responsables y serían procesados con otros siete funcionarios de Siapa y Pemex por negligencia.

  •    En colonias como El Álamo Industrial aún se detectaban niveles de explosividad del 100 por ciento.

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•    En los albergues hay más de tres mil personas y reportan 600 desaparecidos, aún bajo los escombros.
   
28 de abril:

  •    Comenzaron las manifestaciones: damnificados exigían que el Gobernador dimitiera.

  •    Hay plantones en el Centro Histórico y, entre otras demandas, solicitan indemnizaciones.

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  •    La opinión pública se volcó contra el Gobierno Estatal.

1 de mayo: 

•    La caída: Guillermo Cosío Vidaurri pidió licencia a su cargo. El puesto como Gobernador lo tomaría Carlos Rivera Aceves, en medio de una manifestación multitudinaria. 

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12 de mayo:

•    Nuevas protestas callejeras, ya que damnificados tratan de evitar que demuelan muchas de las casas. Piden que, cuando menos, les dejen sacar sus cosas.

15 de mayo:

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•    La zanja que dejaron las explosiones se mantiene abierta y con las lluvias; es foco de infección.

Guarden silencio

En mayo, los damnificados se reunieron con Carlos Salinas de Gortari, aunque algunas pláticas no fueron nada pacíficas.

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La desesperación llegaba: la reconstrucción sería lenta y las indemnizaciones no tenían fecha. Los primeros pagos llegaron el 19 de mayo, pero no para todos.

Mientras, Pemex anunció que la planta de La Nogalera sería llevada a otra parte, tras identificarla como el punto don­de se originó la tragedia.

La política jalisciense tenía dos caras: ante los medios de comunicación mostraba una imagen de comprensión y apoyo; del otro lado de la moneda, acallaban las manifestaciones que lentamente se convertían en movimientos sociales.

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El 31 de mayo por la noche, más de 50 damnificados montaron un plantón afuera del palacio de Gobierno. Durante la madrugada, un grupo policíaco desalojó a los manifestantes, golpeándolos con tubos y macanas, la más violenta agresión contra los afectados del sector Reforma. Las víctimas acusaron al gobierno estatal, pero ellos se defendieron alegando que fue una decisión propia de la Dirección de Seguridad Pública del Estado.

El hecho terminó con la salida del director de la dependencia y la consignación de 9 elementos que, a final de cuentas, salieron libres mediante fianza. El ataque quedó sin culpables, pero sería el primer incidente que demostraría que, de allí en adelante, el 22 de abril sería un hecho impune.

La cifras

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1993

Declaran que la explosión fue accidental y no había ninguna responsabilidad para los funcionarios. También salió libre el alcalde Dau y los burócratas acusados por negligencia

1995

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En las elecciones, castigan al PRI por las explosiones y el PAN gana por primera vez la gubernatura, con Alberto Cárdenas Jiménez. A 17 años, el PRI no se ha recuperado del golpe.

3

Gobernadores panistas (Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González), se comprometieron a apoyar a las víctimas; hasta el momento, nada. Prevalecen los mismos pendientes que en 1997.

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80

Millones de pesos, el fondo del fideicomiso para las víctimas de las explosiones, recursos que nunca han llegado a los 83 sobrevientes con lesiones graves de aquella fecha.

40

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Millones de pesos, la indemnización que aún debe Pemex a los afectados por los estallidos.

14

Víctimas de la explosión no fueron aceptados en el fideicomiso y no han recibido ningún apoyo de la autoridad.
 

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