El impacto de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos ha sido un tema de constantes críticas hacia los gobiernos de México y Estados Unidos a raíz del acuerdo migratorio firmado el pasado 7 de junio.
Las fotografías de migrantes que piden ayuda para sus hijos menores o en las que se les ve llorando frente a elementos de la Guardia Nacional y las cifras de aumento de deportaciones dan cuenta del impacto de las medidas migratorias implementadas para frenar el paso de centroamericanos en su búsqueda por el llamado «sueño americano».
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En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó las políticas migratorias implementadas por México y Estados Unidos, las cuales han tenido impacto directo en los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de refugio.
Por ello, expresó su preocupación que enfrentan los extranjeros “irregulares” que huyen de sus países en búsqueda de asilo, en especial por las recientes políticas y medidas adoptadas por los Estados en la materia de migración; por la securitización, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos que atienden a ese sector.
Urgió a los Estados a respetar y garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como defensores de derechos humanos.
El organismo internacional, citando el informe Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2018 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señaló que que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes de asilo y 72 mil 229 refugiados de estos países a nivel mundial.
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Como respuesta a esta situación, señala la CIDH, los Estados han implementado políticas de manera conjunta que están teniendo impactos directo en los derechos humanos, solicitantes de asilo y refugiados, y a partir de esto, Estados Unidos ha devuelto a México a más de 10 mil personas para que esperen mientras realizan sus procedimientos migratorios mediante el programa “Quédate en México”.
Agregó que ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de la cual cerca de 18 mil 778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para presentar su solicitud de asilo ante su vecino del norte.
“Estas políticas son contrarias a obligaciones de en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement), dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica”, observó.
Separación de menores
Otro aspecto que preocupa al organismo son los casos de separación de familias por el podremos Quédate en México en el que los padres y madres permanecen en México, mientras que sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos.
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«El derecho a la no devolución establece la prohibición de expulsar o devolver a las personas a donde sus derechos a la vida, la integridad personal y a otros derechos humanos están en riesgo de violación. La CIDH reitera que la separación de los niños y el interrogatorio o procesamiento separado de los menores sin la presencia de sus padres o tutores es contraria a las normas y estándares del derecho internacional y al sistema interamericano de derechos humanos y urge a Estados Unidos a cesar de inmediato toda práctica dirigida a separarlos de sus padres o tutores como una medida para impedir la migración».
La CIDH informó que autoridades mexicanas han deportado a 39 mil 653 migrantes en los primeros cuatro meses de 2019 y había enviado seis mil agentes de la Guardia Nacional a la frontera de Guatemala y expresó su preocupación por el impacto que genera la imposición de represalias comerciales entre dos países en los derechos humanos de migrantes, en relación a la amenaza arancelaria de EU a México si no detenía el flujo migratorio.
Otro tema preocupante, dijo la CIDH, es la regulación interina anunciada por los Estados Unidos el 15 de julio la cual impedirá que muchos migrantes soliciten asilo en dicho país.
«La CIDH destaca la importancia que tiene la cooperación y la responsabilidad compartida en las respuestas que den los Estados a asuntos transnacionales como lo es el abordaje de la migración y la necesidad de que estas respuestas estén basadas en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; la participación y liderazgo los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, el sector privado, las organizaciones internacionales y las personas mismas a quienes van dirigidas estas medidas y sobre todo, de voluntad política para llevarlas a la práctica», finalizó.
