Un total de 594 vuelos cancelados, bloqueos carreteros en las principales ciudades y 71 mil pasajeros afectados por la suspensión del transporte público, fue el saldo de la huelga general declarada en Argentina, en reclamo a las medidas del FMI aceptadas por el gobierno de Mauricio Macri.
Los sindicatos convocantes exigen cambios en la política económica y rechazan el «brutal ajuste» que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras el Ejecutivo considera que los motivos de la protesta son políticos.
Este es el tercer paro en su tipo en Argentina, tras los celebrados el 6 de abril pasado y el 18 de diciembre de 2017, que además coincide con el que se convoca cada 15 meses en contra la política económica del Gobierno de Macri.
La medida de fuerza paralizó el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de la ciudad, así como la mayoría de terminales del país suramericano.
En Buenos Aires dejaron de funcionar el Subte (Metro), camiones y ferrocarriles, pero si hubo servicios de taxi, pues la Federación Nacional de Conductores de Taxis no se adhirió al paro.
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El Ministerio de Transporte reveló en un comunicado que los retrasos y cancelaciones de vuelos locales e internacionales perjudicaron a un total de 71 mil pasajeros, cuyos viajes fueron reprogramados.
El aeropuerto de El Palomar, cercano a Buenos Aires y el primero de Argentina orientado a los vuelos de bajo coste, sí mantuvo sus operaciones, con nueve vuelos programados de la compañía Flybondi.
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¿Quiénes se sumaron?
Los sindicatos aeronáuticos anunciaron la semana pasada que se adherían al paro de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical argentina, en contra de la política económica del presidente Mauricio Macri.
Buenos Aires amaneció con sus principales accesos por carretera cortados por protestas, una situación que se replicó en otras ciudades del país.
La huelga es especialmente visible en el transporte, ya que, además de los aeronáuticos, se sumaron los trabajadores de autobuses, trenes y metro, así como parte de los taxistas.
También se adhirieron otros sectores como los de recolección de residuos, estaciones de servicio y centros públicos educativos, entre otros.
(Con información de agencias)
