La aprobación de la reforma eléctrica significará la “antítesis de la relación económica históricamente sólida entre Estados Unidos y México”, y cerrará las puertas a la explotación de minerales estratégicos como el litio y el cobre a empresas estadounidenses, afirmaron senadores del Comité de Relaciones Exteriores del vecino país del norte.
En una carta enviada al secretario de Estado y a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Antony Blinken y Jennifer Granholm, fechada este 18 de enero, piden al presidente Joe Biden que “exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles fósiles del presidente López Obrador”, porque hasta ahora, según informes públicos, “López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o tácita aprobación de la decisión de su gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre los renovables”.
A escasas horas de la visita de la encargada de la política energética de la Unión Americana a México, los senadores Robert Mendez, Brian Schatz, Jeff Merkley y Tim Kaine recomiendan encarecidamente a la secretaria Granholm “hacer de este un tema prioritario de discusión durante su visita a México”.
Le piden también “una actualización sobre las acciones que la administración de Biden está tomando para defender el tratado comercial con México y Canadá, y contrarrestar la postura alcista y nacionalista del presidente López Obrador hacia el sector energético mexicano”.
Los legisladores dan por hecho que el Congreso mexicano aprobará la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se dará marcha atrás a la reforma energética de 2014 que permitió la inversión privada y extranjera en el ramo y restablecerá el dominio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con la promulgación de esta reforma, añaden, el gobierno mexicano cancelaría permisos, contratos y certificados; eliminará las agencias reguladoras federales que proporcionan controles y balances en empresas estatales de energía, le ofrece a CFE una garantía para controlar al menos 54% del mercado, la reorganización de las cuotas de producción de energía privadas y estatales para favorecer la producción de combustibles fósiles, y establecerá al Estado como único desarrollador de la transición de energía limpia de México.
Pero, más preocupante, subrayan, es que resultaría perjudicial para las prioridades de la administración de Biden, pues los cambios legislativos que propone la reforma, “prohibirían concesiones para explotar minerales estratégicos como litio y cobre”.
