Un escándalo de presunta corrupción salpica desde Tamaulipas hasta Palacio Nacional. Se trata de las acusaciones sobre Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido acusada de solicitar “moches” en la negociación de contratos.
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Al respecto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado de Tamaulipas exigieron a la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad que solicite el desafuero de la diputada de Morena; esto, después de que esa institución confirmara que la voz de Salazar Mojica es la que se escucha en un audio donde una mujer propone a un proveedor “inflar” el monto de factura a pagar para que el excedente le fuera devuelto a ella.
Estos escándalos en los que cercanos a figuras del poder, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueden tener influencia en procesos electorales, como el que se vivirá en junio próximo en Tamaulipas, donde se elegirá gobernador. El actual mandatario, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, -del PAN- concluye su mandato después de 6 años de gobierno.
4 PREGUNTAS CON
Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey.
¿Qué significan para López Obrador escándalos de cercanos suyos implicados en presuntos casos de corrupción, como el caso su sobrina -del que no se habla mucho- o los de otros familiares?
Eso de que ha pasado desapercibido es muy importante, porque quiere decir -y esto es una bandera roja que hay que tener en consideración- que ya son tantos los casos de corrupción relacionados con gente vinculada al presidente que parece ser que los que realmente resuenan en medios son los que hacen referencia a familiares directos: el hijo, el hermano, la prima, etcétera. Pero a los parientes o familiares que están un poco más lejanos a él como que no le hacen mucho caso. Como que lo importante son los ascendientes y descendientes en primer grado.
Eso es muy grave porque entonces estamos dejando de investigar y de analizar estos casos de corrupción, sin que sea o no sea sobrina del presidente. Es una servidora pública, una diputada, entonces las implicaciones que tiene el caso son muy importantes. En principio, porque por fin se está utilizando a una institución que se creó con el objetivo de investigar y sancionar, o de hacer la investigación para que el Poder Judicial pueda sancionar, que son las fiscalías anticorrupción. Son fiscalías especializadas para este tipo de asuntos. La importancia de las fiscalías especializadas no es menor, también porque estas fiscalías se pensaron para ‘quitarle’ al Fiscal del Estado o al Fiscal General la posibilidad de incidir directamente en los casos de servidores públicos. ¿Qué tal si esos servidores públicos son amigos del fiscal o son gente que está en la misma administración que el fiscal? Entonces, puede haber “mano” del fiscal.
Entonces, ahí radica la importancia de que se estén utilizando las fiscalías anticorrupción. Una vez que se interpone esta denuncia ante la Fiscalía, los siguientes trámites que la Fiscalía tiene que iniciar son admitir o desechar el asunto. Si lo admite, tiene que iniciar una investigación en este caso.
Es importante seguir dándoles luz en los medios a los asuntos de corrupción. Seguir observándolos y sobre todo, darles seguimiento. Se reporta el asunto y luego ya no sabemos qué pasa en caso de que se haga una investigación o se emitan sentencias.
— Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey
La prueba en contra de esta persona, que se llama Úrsula Patricia Salazar Mojica, es un audio que -no sabemos cómo se obtuvo- pero en el parece que se pone de acuerdo con un contratista para inflar el precio de un contrato. Del lado de la diputada existe la intención -al menos en eso se queda- de cobrar por un contrato inflando el precio, para que ella directamente ella se quede con esa diferencia y la empresa también acepta. Esto es muy grave.
Ahora lo importante es determinar si la persona que se escucha en ese audio es realmente ella, y si no es ella, tiene que ser un servidor público. Se está cometiendo un delito y se tendría que investigar, en caso de que la señora Úrsula Salazar no sea la persona a la que le corresponde esa voz. La Fiscalía tendría la obligación de analizar a quién corresponde.
¿Qué consecuencias podemos esperar en este caso? Por ejemplo, el PAN en Tamaulipas pidió su desafuero para continuar con el caso.
En esta situación, se tendría que esperar una lista de posibles sanciones, que están dispuestas en el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, ninguna de las sanciones que se establecen en los delitos previstos en el capítulo décimo del Código de Procedimientos Penales, ninguna de las sanciones realmente desincentiva que se cometan actos de corrupción, porque las sanciones realmente son que pague una multa y que pueda pagar cárcel, algo que muchas veces no va a ser necesario.
Entonces, la sanción que sea que le corresponda, no va a ser un ejemplo que le diga a los servidores públicos: “Si ustedes cometen un acto de corrupción, esto es lo que les va a pasar”. La verdad es que estas sanciones no desincentivan mucho.
Lo que sí sería importante es que, si realmente esa persona cometió un delito, que se haga el juicio de procedencia. Son muy pocos los servidores públicos en la historia del país que han sido sujetos a juicios de procedencia para que puedan ser sentenciados y que paguen su sanción penal; correspondiente al delito que hayan cometido. Eso sí puede ser un desincentivo para los servidores públicos, especialmente para aquellos que tienen fuero.
Eso sí les duele, porque pagar una multa, pues como sea. Pero, quitarles el fuero y sancionar a los que paguen esas sanciones -ya sea siendo un ciudadano o una ciudadana- eso sí podría ser un realmente un ejemplo de lo que le va a pasar a los servidores públicos con fuero que cometen un delito relacionado con corrupción.
¿Tiene algún peso especial que sea sobrina del presidente?
El presidente no niega a su sobrina, pero lo que dice de forma muy inteligente y objetiva también es “Sea quien sea, que se inicie la investigación y si dice que cometió un delito, investíguenla. No porque sea mi sobrina tiene inmunidad” y aquí vienen los otros casos en donde están familiares más cercanos a él en situaciones similares, como es su hijo y su hermano.
En esos casos, el presidente si mete la mano y da explicaciones al respecto: “mi hermano no cobró”, “eran dádivas para el partido”, “mi hijo no hizo absolutamente nada”, “la señora tiene dinero”. Al presidente le importa el nivel de vinculación familiar que existe para explicar y para incidir dentro de una investigación. A lo mejor, hasta para incidir en que no se les investigue.
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En el caso de esta diputada, parece que al presidente en realidad como que le da lo mismo. Dice: “Sí es mi sobrina y seguramente van a encontrar fotos por el partido, pero nada”. Yo creo que, en este caso, el presidente se va a mantener muy al margen de la investigación.
Vamos a ver qué hace el fiscal anticorrupción de Tamaulipas. Vamos a ver cómo interpreta esta falta de interés del presidente en el caso y vamos a ver si comienza con la investigación.
Tamaulipas es uno de los estados que este año van a celebrar elecciones. ¿Cómo este tipo de casos -de personas cercanas al presidente o a figuras de poder- pueden influir en los procesos electorales?
Pueden influir muchísimo, porque cada vez nos damos cuenta de cómo el tema de la corrupción afecta a la psique del votante, a la mente de nosotros los ciudadanos y la ciudadanas que votamos.
Sin ir más lejos, recordemos la administración de Peña Nieto. Esa fue una de las grandes razones que le valió muchos votos al actual presidente. Muchas de las personas que votaron por él dijeron “yo no le iba a dar mi voto al PRI”. No es que confiaran o conocieran la plataforma política de Morena y de su representante -en este caso, el presidente- sino que no le iban a dar su voto a un partido acusado de robar y de corromperse.
Depende de cómo se manejan este tipo de asuntos, tanto a nivel estatal o a nivel federal, porque se pueden utilizar a favor o en contra del gobierno en turno y del gobernador en turno.
