Defensores de derechos humanos y cerca de un centenar de organizaciones sociales exigen al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas el cese inmediato de hostigamientos y amenazas que obstaculicen los derechos a la privacidad y libertad de expresión, particularmente mediante la implementación del software de espionaje Pegasus.
Las demandas de justicia surgieron tras la presentación de la investigación Ejército Espía, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) Artículo 19, Social TIC y Citizen Lab, en colaboración con otros medios periodísticos, en la que se destapa el fueron espiados con Pegasus el periodista Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos; y otro periodista integrante del portal Animal Político.
Te puede interesar: Pese a pruebas y denuncias, rechaza AMLO espionaje del Ejército a periodistas
⚠️ Defender los derechos es un derecho.
— Fundar (@FundarMexico) October 5, 2022
99 organizaciones de México y América Latina, y más de 170 personas exigimos seguridad y justicia para las víctimas de vigilancia ilegal revelada por #EjércitoEspía.
𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼: https://t.co/35zBTYhFTN pic.twitter.com/JPdL4Gb1rm
Asimismo, se dan en un contexto en el que el grupo de hackers conocido como Guacamaya, vulneró la seguridad de cibernética de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se filtraron documentos que revelan el seguimiento que realiza el Ejército a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos como potenciales riesgos a la seguridad nacional; y luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las Fuerzas Armadas no espían, solo “tienen labores de inteligencia”.
Hace falta una sanción por utilización de Pegasus
Al respecto, el defensor de derechos humanos, Francisco Cerezo Contreras, quien apareció en los documentos filtrados de la Sedena señaló a Publimetro que se requiere una investigación por la utilización de Pegasus para vulnerar derechos humanos de periodistas, líderes sociales y ombudsmans que prevalece desde el sexenio de Felipe Calderón y que continúa su utilización durante el sexenio de López Obrador.
No te pierdas: ¿En qué consiste la reforma que mantendrá al Ejército en las calles hasta 2028?
Sobre los documentos de la Sedena en donde se le clasifica como subversivo, señala que se trata de criminalización de las organizaciones defensoras de derechos humanos. “Se nos ha criminalizado y se nos ha estigmatizado, principalmente como subversivos, lo que nosotros decimos es que confirmamos que, efectivamente, este tipo de información tiene el objetivo de vulnerar a los grupos a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones sociales”, sostuvo.
Cerezo Contreras detalló que, si bien el documento en el que aparece corresponde más a una recopilación de información que a espionaje, refirió que como defensores de derechos humanos sí tienen conocimiento de espionaje tanto en el pasado, como en el presente, y que la vigilancia, hostigamiento y recopilación de información son parte del modus operandi de las autoridades para vulnerar los derechos humanos.
En el caso de las acciones legales que se pueden emprender al respecto, Cerezo indicó que denunciar a instituciones como el Ejército puede resultar contraproducente pues puede representar “tener más amenazas, más hostigamiento”.
No obstante, aclaró que se debe recurrir a instancias legales nacionales para que el caso pueda ser turnado a órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite medidas cautelares para el Estado mexicano. Se estima que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el gobierno mexicano espió cerca de 15 mil celulares.
