Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y de la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cese de espionaje y vigilancia ilegal en contra de movimientos sociales y de los ombudsman en México; luego presentar una serie de fotos y documentos sobre la vigilancia ejercida contra organizaciones sociales entre 2014 y 2022 por un presunto agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Francisco Cerezo, coordinador de Comité Cerezo explicó que aunque el Ejecutivo negó el 4 de octubre que instituciones como el Ejército realicen espionaje en contra periodistas y defensores de derechos humanos, el hostigamiento y el espionaje continúan ocurriendo. “Hay una gran diferencia entre la recopilación de información para fines de inteligencia, y la vigilancia ilegal y toma de fotografías que se configuran como espionaje”, sostuvo.
Agente del CNI portaba identificaciones de prensa
El pasado 9 de agosto, el Comité Cerezo emitió una Acción Urgente por la vigilancia ilegal y el hostigamiento en contra del plantón que instaló el FNLS enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco del fallo sobre el caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en mayo de 2007.
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De acuerdo con Roberto Mendoza, miembro del FNLS, ese día identificaron a un sujeto que había estado en dos ocasiones rondando el plantón a las afueras de la SCJN y en las actividades de la organización, por lo que se le solicitó identificarse; sin embargo, este se negó.
Tras la negativa del sujeto, los integrantes del FNLS tomaron sus pertenencias en las que descubrieron un recibo de pago y una tarjeta de vales de gasolina del CNI; identificaciones de prensa y del COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar laDiscriminación de la Ciudad de México); así como una cámara con cientos de fotografías de organizaciones sociales que fueron tomadas desde octubre del 2014 –cuando el CNI era Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)– hasta mayo de 2022.
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Las organizaciones exigieron al gobierno federal cesar el hostigamiento por parte del personal adscrito al CNI en contra de defensores de derechos humanos y familiares de desparecidos, así como investigar a quiénes sean responsables.
El llamado al cese del espionaje y la vigilancia ilegal por parte del gobierno federal en contra de organizaciones sociales y los ombudsman, se da en el marco del escándalo por el uso de Pegasus para espiar a activistas e integrantes de la prensa; así como las filtraciones de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizada por los hackers de Guacamaya, en cuyos archivos figura información que cataloga a feministas y organizaciones sociales como “amenazas”.
