Genaro García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal”, afirmó este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien reveló detalles de las investigaciones que dicha instancia tiene sobre el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, juzgado ahora en Nueva York.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF dio a conocer la investigación a 40 contratos vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El conjunto de 44 empresas -que opera en distintos países- obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos —monto que equivale a poco más de 15 mil millones de pesos—, informó Gómez.
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El funcionario también informó que estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos para ocultar su rastro a través de paraísos fiscales. Señaló que esta investigación es parte de un juicio civil en el estado de Florida en contra de García Luna.
Por lo tanto, desde el 21 de septiembre de 2021 el Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de un condado de Florida para la recuperación de los activos adquiridos con recursos extraídos del erario mexicano con la intención de resarcir el daño generado en el país.
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Este proceso civil en Florida es independiente al juicio al que está sujeto Genaro García Luna en una Corte de Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, el titular de la UIF espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidas por redes de corrupción encabezadas por el acusado, durante 20 años, aun cuando ya no era funcionario público.
Cárdenas Palomino ha recibido protección de un grupo de jueces: Pablo Gómez
Gómez afirmó que Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales colaboradores de García Luna —quien se encuentra preso en Estados Unidos— recibió “la protección y el amparo de la justicia de la unión” del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, apenas el 25 de enero de 2023.
“Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación”, señaló.
“Es una resolución definitiva e inatacable. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República. El Gobierno de México no puede callar frente a esto porque este no es un problema de colaboración entre poderes, este es un problema de otro orden”, añadió.
4 preguntas con
Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle.
¿Qué impacto tiene esta información que revelan las autoridades?
Tiene un importante impacto porque ya pasamos del solo discurso a tener evidencias de corrupción por parte de este exfuncionario. Valdría la pena poner la etiqueta de que parece el presunto delincuente preferido de la actual administración.
Esto representa un trabajo de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo explicaba su titular Pablo Gómez, porque es una verdadera red que incluso triangulaban recursos de México a países caribeños y de ahí a Florida, además de adquisiciones de vehículos, de propiedades y como lo comentaba Pablo Gómez, un conglomerado familiar donde está su esposa y algunos otros allegados donde, brindando servicios de seguridad, adquirían contratos en diferentes instancias del gobierno mexicano.
Habría que diferenciar que es un juicio diferente al que se está llevando en Nueva York. Este está tomando como consideración que, cuando deja la Secretaría de Seguridad Pública, él se va a vivir a Florida.
¿Qué consecuencias puede tener en nuestro país estas revelaciones?
En este caso es una acción gubernamental que refleja la idea de que no hay impunidad hasta el más alto nivel. En México como tal no se estaría llevando el juicio, sino que es en Florida, dado que los recursos fueron sustraídos de México y llevados a Florida.
Aunque Pablo Gómez comentaba que se congelaron fondos de algunas empresas y de estos individuos en México, de hecho se tendría que realizar también aquí un proceso para llevarlos a la justicia. Si es que tienen en México recursos es muy trascendente, pero obviamente que implica también una situación que va ligada con el otro juicio. Prácticamente no podríamos desligar a la misma persona.
Representa que la Unidad de Inteligencia Financiera está dando resultados, no solo se queda en la participación en investigaciones sin que tengan resultados.
¿Cuáles son los riesgos de que se haya hecho pública esta información?
Es el tema de la secrecía en las investigaciones. Obviamente que este fenómeno se da a conocer por la importancia del personaje, pero se tendrían que conocer estos temas hasta que ya estuviera en un proceso judicial.
De nada nos serviría conocer estas investigaciones si no se llevan a cabo juicios a los responsables. No sólo es publicidad hacia una acción de gobierno, sino llevar a los culpables a una condena.
En el debido proceso, bajo la lógica de nuestro sistema penal, el presunto responsable no puede ser juzgado por los medios de comunicación ni por el gobierno en turno hasta que la autoridad judicial determine culpable o inocente y ahí, a partir de una condena, que cumpla una sanción.
¿Estas investigaciones podrían llegar a otros funcionarios como Felipe Calderón?
Yo consideraría una corresponsabilidad bajo el precepto constitucional del artículo 89, donde están las facultades del Poder Ejecutivo. Una de sus facultades es nombrar y remover a los titulares del gabinete, en este caso, Genaro García Luna, quien fue designado por el presidente Calderón.
Esa responsabilidad implica también una supervisión de sus colaboradores y si García Luna estuvo involucrado en actos ilícitos, presuntamente de acuerdo al juicio en Nueva York, pues obviamente que hay una corresponsabilidad por parte de su jefe inmediato.
Por lo que se refiere al desvío de fondos, el tema del juicio en Florida, tengo entendido que lo hace García Luna cuando él ya no es secretario de Seguridad Pública. Es cuando se va a vivir a Florida y empieza esa serie de operaciones presuntamente ilícitas.
