La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República consideró que el ministro Javier Laynez Potisek quiere beneficiar a la oposición con su proyecto de sentencia, el cual busca invalidar el Pan B electoral por medio de incorporar un hecho no invocado por los partidos opositores a Morena.
De esta forma, la Consejería Jurídica afirma que Laynez Potisek iría en contra de lo que se dispone en el artículo 17 de la Constitución, ya que pretende declarar la invalidez del todo el decreto impugnado sin hacer un estudio de fondo de las normas cuestionadas para retrasar al reforma del sistema electoral nacional.
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Añadió que sin exponer ninguna razón cambió de criterio, pues en el sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 8 de mayo Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario.
Ya que afirmó: “No podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”, pero ahora cambió su criterio.
“El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.
La Consejería Jurídica manifestó que la falta de atención de los diputados de las fracciones minoritarias no es una razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión.
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Además, el ministro, acusó la Consejería, pretende convertir la decisión de esos partidos para no participar en el proceso deliberativo en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado.
“En caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
