En un informe reciente presentado por el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba), se revela la alarmante situación en el estado de Chiapas, donde la violencia criminal y la complicidad del Estado se entrelazan en un “desastre humano”.
Chiapas se ha convertido en escenario “de una diversificación y opacidad de grupos armados que recurren a la violencia como medio para ejercer el control social, político, económico y territorial”, detalla el informe del Frayba. “Esta situación se ha visto agravada por una estrategia contrainsurgente en curso, que continúa generando un clima de impunidad. Actores estatales, en lugar de combatir estos abusos, parecen fomentar el despojo, la explotación y la marginación social”, añaden.
En el informe “Chiapas un desastre: Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, se denuncia que “la creciente violencia en Chiapas ha resultado en graves violaciones de los derechos humanos. Entre ellas, se destacan casos de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos y torturas, entre otros horrores”.
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“A esta situación se suma la preocupante remilitarización del estado y las evidencias de espionaje llevado a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras tanto, los derechos de los pueblos originarios y de la población en general quedan en segundo plano, ya que los proyectos de desarrollo y la construcción de infraestructura militar en los territorios son catalogados como asuntos de seguridad nacional”, denuncia la ONG.
Para el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, Chiapas se encuentra sumido en una espiral de violencia generalizada y crisis de derechos humanos. “La falta de acción efectiva por parte del Estado y la complicidad de algunos de sus actores han llevado al estado a un estado de desastre humanitario, donde los más vulnerables pagan el precio más alto”.
Chiapas, otro reflejo del fracaso de la política de Seguridad
Para Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle, las condiciones de seguridad en algunos estados han llegado a niveles muy extremos.
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“Esta situación es otro reflejo del fracaso de la política en materia de Seguridad Pública del actual Gobierno de la República; el resumido “abrazos no balazos”, porque el fenómeno de las autodefensas refleja que un sector de la población en algunos lugares decide tomar las armas para protegerse ante la falta de presencia de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno”, explicó el académico.
El presidente mencionó en la conferencia de prensa matutina de este lunes que la situación en Chiapas no era tan grave.
“Pues hay grupos de autodefensas, pero no muchos, y hay presencia de la Guardia Nacional en Chiapas. Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto. Si sólo nos atenemos a la percepción, pues esa se puede crear... se puede crear una percepción negativa”, comentó el presidente en Palacio Nacional.
“Yo agregaría algo para el análisis: todo es relativo. El hartazgo de la población, que toma una decisión de esa magnitud, como comprar armas y utilizarlas para protegerse, es precisamente el fracaso del Estado. Algunos politólogos comentan que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la violencia, y si otros grupos toman las armas para protegerse, eso significa que el Estado ya no existe en esas condiciones, ya no tiene ese monopolio, y eso es lo que estamos viendo”, añadió Martínez Serrano.
3 preguntas con:
Juan Carlos Piña, especialista en Derechos Humanos y Seguridad y profesor de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
¿Cómo llegamos a la situación que vive Chiapas en la actualidad?
Según las últimas notas y noticias en relación a este caso, hace algunos días surgió el llamado “Ejército civil del pueblo indígena de Pantelhó” en el estado de Chiapas. Según los representantes de este grupo, buscan combatir a otro grupo armado llamado “El Machete”, que se formó hace dos años y se les acusa de la desaparición de 21 personas.
Parece que es una cadena recurrente en la que, con la intención de combatir a un grupo establecido, surge otro grupo de autodefensa.
Mientras el EZLN y organizaciones civiles señalan que Chiapas está al borde de una “guerra civil”, el presidente López Obrador indica que la situación no es grave. ¿Qué opina usted de esto?
El antecedente inmediato que tenemos, particularmente en el estado de Chiapas, fue el surgimiento del grupo de autodefensa denominado “El Machete”. Pero me gustaría hacer referencia a una situación que ocurrió hace unos diez años en el estado de Michoacán con las llamadas autodefensas.
Al final del día, el propósito era combatir a grupos criminales ya establecidos. Sin embargo, el antecedente inmediato de la evolución de este fenómeno en ese estado muestra que Michoacán se mantuvo entre los cinco estados más violentos del país. No solo eso, sino que el índice delictivo aumentó en un 186%, principalmente en homicidios. Por lo tanto, parece que legitimar o legalizar estos grupos no garantiza la disminución de la inseguridad.
Para combatir el clima de inseguridad en cualquier estado de la República, se requiere no solo dotarlos de legalidad, sino también profesionalizarlos, educarlos y brindarles un marco civilizado. El antecedente inmediato del estado de Michoacán no nos muestra datos enteramente positivos.
¿Qué impacto tiene el incremento de escenarios de violencia en estados con alta actividad turística?
Es importante mantener informada tanto a la población como al sector turístico y a los extranjeros sobre la situación real. Es cierto que las noticias sobre un clima de inseguridad en cualquier parte del mundo pueden tener un impacto negativo en la afluencia turística. En este caso, creo que cualquier destino turístico afectado por un clima de inseguridad sufrirá un impacto económico en el sector turístico.
Esperemos que la situación pueda ser controlada en algún momento y que los grupos de autodefensa no terminen generando más violencia, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Hay una gran responsabilidad por parte del Estado para implementar políticas públicas en materia de seguridad y fomentar la participación ciudadana organizada, sin que esto derive en grupos armados fuera del monopolio estatal.
