Condiciones sanitarias precarias, hacinamiento y esquemas de vacunación deficientes de sus países de origen ponen en riesgo sanitario a migrantes, por lo que quedan vulnerables a enfermedades como malaria, dengue o varicela ; sin embargo, esto no es un riesgo para la población mexicana sostuvo Elizabeth Lara, defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En entrevista para Publimetro, Lara Rodríguez especificó que “no hay evidencia” que pruebe que los migrantes son un factor transmisor de enfermedades, pero esto no los libra de estar expuestos a situaciones que comprometan su salud.
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Al respecto, la defensora de DD. HH. De Oaxaca explicó que, ante esta situación, los migrantes tienen derecho a servicios de salud, ya sea por las instituciones oficiales o por organizaciones como Médicos Sin Fronteras; no obstante, el flujo migrante es tanto que se ven rebasados, por lo que muchos migrantes están expuestos, además de la violencia, a enfermedades.
De acuerdo con Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, los servicios de inmunización en América Latina y el Caribe están muy lejos de la cobertura universal; sin embargo, los de México son de los más completos. La National Library of Medicine, la inmunización en territorio nacional supera la de otros países en la región.
Respecto a la narrativa de contagios de enfermedades, hace semanas se señaló que había un brote de malaria en un grupo de personas migrantes. En este sentido, Elizabeth Lara refirió que se trató de un acto mediático sin evidencia.
Además, la ciencia demuestra que la transmisión de enfermedades como dengue o malaria atienden a otros factores. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud(OPS) explica que “la malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.
Asimismo, el dengue “se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas, principalmente del mosquito Aedes aegypti”; mientras que la varicela se transmite al tocar directamente las ampollas de alguien infectado, por lo que las condiciones de hacinamiento influyen en su transmisión.
Otra dificultad sanitaria por destacar es que el 25 de octubre la agencia de noticias EFE informó que se detectaron 70 niños migrantes con varicela en la frontera norte de México. Los menores estaban en el albergue Ágape Misión Mundial, localizado en Tijuana, Baja California, y Alberto Rivera Colón, director del albergue dijo que las autoridades no atendieron de la mejor manera el brote.
Vacunación en América Latina y el Caribe
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) señaló que el 24% de los niños en América Latina y el Caribe no han recibido las vacunas que los protegen de enfermedades peligrosas, exponiéndolos a enfermedades como difteria, tétanos y tos ferina.
“El descenso de las tasas de vacunación en la región es alarmante y deja a millones de niños, niñas y adolescentes expuestos a enfermedades graves, o incluso la muerte, cuando podría evitarse”, dijo Jean Gough, directora regional de UNICEF.
La UNICEF calcula que 2 millones de niños y niñas de América Latina y el Caribe no recibieron una o más dosis de DPT (difteria, el tétanos y la tos ferina) en 2022; además, alrededor de 800 mil de ellos tienen al menos una dosis de la vacuna, mientras que casi un millón 200 mil no recibieron ni una sola dosis.
Al respecto, se pondera el flujo migrante que, después de la pandemia, ha incrementado. De hecho, la defensora de DD. HH. en Oaxaca señaló que incluso las rutas que están tomando son inusuales, es por ello y por muchos otros indicadores que desde agosto de este año promovió la Alerta Temprana en migración.
La alerta temprana tiene la finalidad de que el Estado incremente sus tareas en materia de salud, seguridad y promoción de derechos humanos a los miles de migrantes que están atravesando el territorio nacional. En este sentido, Elizabeth Lara señaló que desde 2014 no veía un flujo migratorio donde participaban familias completas, lo que debería de poner a las autoridades a analizar como ayudar de manera más eficaz a las personas que ejercen su derecho al tránsito.
