La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como a sus hijos Fernanda y Caerlos Márquez Padilla Casar, con motivo de la pensión que por años, al parecer de manera indebida, les otorgó Pemex por la muerte de Carlos Márquez Padilla.
La denuncia la presentó Pemex ante la FGR, la cual incluye a varios servidores públicos y a la esposa e hijos de Márquez Padilla.
“Pemex presentó denuncia en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Carlos ‘N’, y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”.
El pasado 12 de abril se citó a Pemex para que estableciera las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos, lo cual hizo el 15 de abril, abriéndose carpeta de investigación.
“De conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando”, añadió la FGR.
Acusación del director de Pemex
La polémica por la pensión surgió el 3 de mayo, cuando en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero, acusó a Casar por cobrar más de 30 millones de pesos por la pensión de su esposo que se suicidó en las oficinas de esa dependencia, pero cuya muerte se estableció como accidente de trabajo para conseguir diversos beneficios.
Por lo que desde que inició este año se suspendió el pago por las diversas irregularidades que se cometieron a partir de octubre de 2004, cuando Padilla perdió la vida, ya que al haber sido un acto voluntario terminar con su vida no le correspondía el pago de pensión ni seguro de vida.
María Amparo Casar acusó a López Obrador de aprovechar una tragedia personal para fines políticos, pero que ella no cometió ningún acto de corrupción, sino que desde la muerte de su esposo ejerció su derecho a la pensión que le corresponde.
“La he cobrado desde hace 19 años, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y, posteriormente, publicar en el sitio oficial del Gobierno de México documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la Ley de Datos Personales y al derecho a la privacidad”.
