MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha exigido a las autoridades de Filipinas que cese de inmediato la represión a activistas, a quienes marca con una ‘etiqueta roja’ y los considera como rebeldes o simpatizantes de la insurgencia comunista en el país.
La ‘etiqueta roja’, se ha venido empleando a lo largo de las últimas décadas en la nación asiática en el marco de la campaña gubernamental contra el comunista Ejército del Pueblo Nuevo (NPA, por sus siglas en inglés), iniciada a finales de la década de los años 60, según ha explicado la organización.
Además, estas prácticas desarrolladas ahora por el Gobierno de Rodrigo Duterte, incluyen acusar en público a activistas, periodistas o políticos opositores de estar involucrados en la lucha o de ser seguidores del NPA.
«La ‘etiqueta roja’ es una práctica perniciosa que se dirige a personas que a menudo terminan siendo acosadas o incluso asesinadas (…) Está reduciendo rápidamente el espacio para el activismo pacífico en Filipinas», ha denunciado el investigador de Human Rights Watch en Asia, Carlos Conde.
Además, la ONG ha denunciado que desde la llegada de Duterte al poder, en el año 2016, estas prácticas no han hecho más que volverse más mortales, pues el mandatario ha puesto en marcha el Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con los Conflictos Armados Comunistas Locales (NTF-ELCAC, por sus siglas en inglés) que, gracias en parte a una millonaria inversión económica, ha hecho de la política de ‘etiquetas rojas’ el ‘modus operandi’ oficial en el país.
Este grupo, compuesto y dirigido por exmilitares, lleva a cabo las políticas de represión de activistas y opositores a través, incluso, de publicaciones en redes sociales y pronunciamientos oficiales, ha lamentado HRW.
Ante esta situación, la ONG ha instado a Naciones Unidas y la comunidad internacional a que no solo se limiten a denunciar estas prácticas, sino que también presionen a Duterte para que le ponga fin a una política que está produciendo que en Filipinas se precipite la violencia contra las personas nombradas bajo la ‘etiqueta roja’.
«La ‘etiqueta roja’ es un componente clave de la campaña abusiva del Gobierno filipino contra activistas críticos, periodistas y políticos (…) Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos influyentes no deberían simplemente denunciar las ‘etiquetas rojas’, sino pedir públicamente al presidente Duterte que ponga fin a esta práctica mortal», ha reclamado Conde.
