Se enfrenta a ocho años de prisión por delitos contra Hacienda, así como el pago de una multa de 73,9 millones y la indemnización de 14,7 millones
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Interpol ha reactivado la orden de búsqueda y detención del mercader de armas hispanolibanés Abdul Rahman El Assir, al que se sitúa en Abu Dabi, lugar en el que se ha visto en últimas fechas con el Rey emérito, según ha informado ‘El País’. Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirman que se han reactivado los mecanismos de cooperación internacional en relación con esta búsqueda, atendiendo a una causa judicial abierta en la Audiencia Provincial de Madrid.
De acuerdo a estas fuentes, en la Comisaría General de Policía Judicial –en donde se encuadran los especialistas del Grupo de Fugitivos– consta la orden de detención de El Assir desde el 24 de diciembre de 2019, fecha en la que está en vigor la notificación de Interpol.
Fuentes judiciales han añadido que contra El Assir, de 71 años, hay una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid desde el 6 de marzo de 2019, debido a una causa a raíz de un supuesto fraude con la Agencia Tributaria. Se enfrenta a ocho años de prisión por delitos contra Hacienda, así como al pago de una multa de 73,9 millones y la indemnización de 14,7 millones. La Justicia francesa también lo reclama por otro procedimiento.
En este contexto, y coincidiendo con la información periodística que sitúa a El Assir en Abu Dabi, la Comisaría General de Policía Judicial ha reactivado desde España los mecanismos de cooperación policial internacional en relación con esta búsqueda.
Según ‘El País’, que cita testimonios de testigos presenciales, El Assir frecuenta a Juan Carlos I en su residencia privada debido a la amistad que une a ambos desde hace décadas. Tras la activación del aviso policial mediante la oficina de Interpol en Madrid, también se ha contactado con el agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Abu Dabi.
SE ENFRENTA A OCHO AÑOS DE PRISIÓN
La Fiscalía pide para El Assir una pena de ocho años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública y el pago de una multa de 73,9 millones, así como una indemnización de 14,7 millones de euros a la Agencia Tributaria en concepto de responsabilidad civil, según consta en el escrito de acusación –al que ha tenido acceso Europa Press– que la Fiscalía remitió al Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid.
El Ministerio Público sostiene que el acusado «pese a tener nacionalidad española omitió conscientemente la presentación de las declaraciones tributarias» del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los ejercicios de 2002 y 2003 al tener «residencia habitual» en España desde 1999 y «mantener intereses en territorio español».
Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en el escrito de Fiscalía, El Assir dejó de ingresar en la Hacienda Pública «consciente y voluntariamente» la suma de 12 millones de euros en 2002 y 2,7 millones en 2003.
El fiscal considera que el acusado –«a través de sociedades instrumentales»– es propietario en España de «varios inmuebles de lujo», «de un punto de atraque de un barco» y de «varios coches de alta gama utilizados para su uso y disfrute».
El Ministerio Público precisa que para la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de dichos bienes El Assir recibió «fondos del extranjero procedentes del BBVA Privanza Bank Jersey y Banco Portugués de Negocios». Apunta, además, que dicho inmuebles han constituido «garantía hipotecaria de préstamos obtenidos del Banco Árabe Español SA y del Banco Zaragozano SA, de gran cuantía económica destinados a cubrir las necesidades financieras del acusado».
Según la Fiscalía, los fondos y rentas canalizados a través de las sociedades «son de titularidad efectiva» de El Assir, quien «posee una gran capacidad económica situada en España y en el exterior» que le permite «hacer frente a los pagos derivados de los préstamos solicitados y cancelar los mismos».
En el marco del escrito, el fiscal explica que la capacidad económica del acusado está constituida por el patrimonio inmobiliario de la que es propietario a través de dos sociedades no residentes –La Granjilla Corporation SA y Miraflores Dieciocho SA– y una sociedad residente –Gransoto SL–, así como por los fondos y rentas canalizados a través de las cuentas bancarias de su titularidad y de dichas sociedades.
Estaba previsto que la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgara a El Assir, pero la vista se suspendió hasta en tres ocasiones, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid consultadas por Europa Press.
Las mismas fuentes han confirmado que se dictó la orden de busca y captura internacional en contra del acusado por un delito de rebeldía a no presentarse a juicio. Según han precisado, desde entonces permanece vigente.
RELACIÓN CON LA CAUSA CONTRA VILLAREJO
El nombre de El Assir también se ha relacionado con el procedimiento en la Audiencia Nacional contra José Manuel Villarejo, comisario de la Policía jubilado y epicentro de una macrocausa con varias piezas separadas. Este policía presentó hace unos días un escrito de recusación contra el juez de la Audiencia Nacional Fermín Javier Echarri por sus presuntas maniobras en la causa del magnate millonario libanés años atrás, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.
Según explica en su escrito, Villarejo habría actuado entre 2013 y 2014 «en aquellos asuntos donde otros enviados del CNI habían fracasado y uno de ellos era buscar una salida discreta al problema judicial que tenía el comerciante de armas», al que se acusaba de haber defraudado a Hacienda más de 14 millones de euros.
Esos trabajos, alude el comisario jubilado, le habrían llevado a mantener una reunión con el propio Echarri por la amistad de El Assir con el rey emérito Juan Carlos I. «El ahora recusado, a cambio de volver a la Audiencia Nacional, lo que ocurrió, se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de diez a tres millones de euros, lo que finalmente no sucedió», relató.
Echarri es uno de los integrantes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada del juicio que comenzó el pasado mes de octubre relativo a los asuntos privados del propio Villarejo. En este procedimiento en específico se ventilan tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’: ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’.
