Una autoridad laboral federal en Estados Unidos intentó por segunda vez despojar de poderes de negociación a un sindicato nacional de jueces de inmigración, a pesar de que la agencia para la cual trabajan los jueces no se opone a su derecho a sindicalizarse.
En su fallo de la semana pasada, la Junta Nacional de Relaciones Laborales determinó que los más de 500 jueces de inmigración de Estados Unidos no pueden pertenecer a un sindicato porque sus cargos son gerenciales.
La medida molestó a los jueces porque bajo el presidente Joe Biden su empleador, el Departamento de Justicia, ha cesado toda gestión para impedir su sindicalización, a diferencia de lo ocurrido bajo la presidencia de Donald Trump.
“Esta es una decisión razonada pobremente y pasa por encima de la voluntad de las partes”, declaró en un comunicado Mimi Tsankov, jueza de inmigración en Miami y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
“Esto refleja la actitud antisindical de la mayoría de la junta laboral y su deseo profundo de callar a los jueces de inmigración”, añadió.
El sindicato dijo que planea entablar una impugnación legal, pero no dio detalles de momento. El Departamento de Justicia no contestó de inmediato a un mensaje pidiéndole comentarios.
Es la segunda vez que la junta laboral —que rige las relaciones laborales entre el gobierno y sus empleados— ha fallado en contra de los abogados de inmigración desde que la presidencia de Trump trató de poner fin a los intentos de sindicalizarse.
La decisión fue redactada por dos de los tres miembros de la junta laboral. El tercero disintió, argumentando que no tenía sentido emitir un fallo en respuesta a un pedido del que el gobierno busca retractarse.
En 2020, la junta laboral falló que los jueces de inmigración no tienen derecho a sindicalizarse. El gremio pidió reconsiderar esa decisión y en el ínterin el Departamento de Justicia dijo que ya no se oponía a la posición de los jueces.
Los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia y responden al secretario de Justicia, que fija los criterios bajo los cuales deben decidir los casos. El sindicato lleva años abogando por la independencia de los tribunales, que deciden si un inmigrante puede quedarse en el país o debe ser deportado.
La administración Trump impuso condiciones a las cortes de inmigración diciendo que eran para mejorar su eficacia. Entre esas medidas estaban cuotas de casos completados y desde entonces han aumentado pronunciadamente la cantidad de casos pendientes.
