MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Exjefes de Estado y de Gobierno que participan en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre ellos el español José María Aznar, han afirmado este martes que la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, al debido proceso y a un tutela judicial efectiva, ante el inicio del proceso en su contra.
Los firmantes han censurado que el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció el inicio del juicio de Áñez «por haber actuado contra la Constitución» de la nación andina, «contrariando lo que en su momento declarara Luis Arce como candidato», que reconoció la «naturaleza constitucional» de la Presidencia de Áñez.
Así, el expresidente de México Felipe Calderón, el de Argentina Mauricio Macri o los bolivianos Carlos Mesa y Tuto Quiroga se han hecho eco de las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado que «en una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos con el fin de evitar la arbitrariedad». «Este es precisamente el sentido del concepto Estado de Derecho», ha agregado.
También han hecho suya otra afirmación de la CIDH: «La separación del poder del Estado en distintas ramas y órganos guarda estrecha relación con el propósito de preservar la libertad de los asociados, bajo el entendido de que la concentración del poder implica la tiranía y la opresión». «Uno de los objetivos de dicha separación, justamente, es la garantía de la independencia de los jueces», han añadido en un comunicado.
«Abogamos, en suma, por el respeto estricto, en el caso de la presidenta Áñez, de los principios fundamentales antes señalados», han continuado, antes de pedir a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, que ya ha anunciado una visita a Bolivia, «conocer del caso de la exgobernante, conservar con ella e informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra».
IDEA ya había señalado que la detención de Áñez, acusada de los cargos de terrorismo, sedición y conspiración por su rol en la crisis política de 2019, es «arbitraria» y «contraria» a los principios fundamentales de un Estado de Derecho.
Además, en julio expresó su «preocupación» por «una constante en la región: la judicialización de la política o guerra jurídica», según el organismo implantada «por algunos gobiernos» para «criminalizar a las oposiciones comprometidas con los valores de la democracia y la libertad».
