Parce ser que la carrera política de Juan Orlando Hernández Alvarado, ex presidente de Honduras, llegó a su fin este martes tras ser detenido para ser extraditado a Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y armas.
Hernández Alvarado estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de donde terminó la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, por lo que se desempeñó como abogado y notario, después estudió en Estados Unidos una maestría en Administración Pública con énfasis legislativa.
También trabajó como abogado en varios despachos, además de ser profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAH.
Entre 1988 y 1989 fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, con la llegada de su hermano Marco Augusto a las Primera Secretaría del Poder Legislativo, en 1990, Juan Orlando fue su asistente ejecutivo y comenzó su acercamiento con el Partido Nacional.
En 1997 ganó las alecciones como diputado por Lempira, cargo en el que estuvo por dos periodos. Entre el 2012 y 2016 se desempeñó como Presidente del Partido Nacional de Honduras y del Comité Central.
Fue en enero de 2010 cuando el pleno del Congreso Nacional lo eligió presidente de la Junta directiva provisional, abandonó ese cargo para dedicarse a su campaña electoral para buscar la presidencia de Honduras, cargo al que finalmente llegó en 2014 y concluyó este año, cuando entregó el poder a Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Celaya que fue derrocado por un golpe de Estado.
“Mis representantes han recibido el mensaje para que sea llevado a las autoridades de que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente en el momento en que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”, declaró este martes Hernández.
Su hermano, Juan Antonio Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal federal adjunto Matthew Laroche caracterizó los delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
