CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juzgado guatemalteco envió a juicio el martes a Luis Enrique Mendoza García, un militar retirado del ejército que es acusado de haber cometido presuntos actos de genocidio durante la guerra en Guatemala registrada entre 1960 y 1996.
Mendoza García fue parte de la misma estructura del exdictador José Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto el país entre 1982 y 1983, tiempo durante el cual, según informes de una comisión de la verdad sobre lo ocurrido en la guerra, se cometieron los actos más crueles contra población civil.
Según la acusación de la fiscalía, Mendoza García fue Jefe de la G3, un órgano de operaciones del Estado Mayor de la Defensa del Ejército que se encargó de dirigir y coordinar las operaciones en el terreno, donde habrían muerto miles de víctimas.
La acusación dice que Mendoza García conformó la estructura militar que tenía como objetivo destruir al enemigo interno. Según documentos militares presentados como evidencia cuando se hablaba de enemigo interno era en referencia también a la población maya Ixil, que según los militares era la base de la guerrilla con quienes se mantenían en guerra.
La Jueza Silvia De León dijo que habían suficientes motivos para enviar a juicio a Mendoza García y que sea un tribunal que decida su responsabilidad. El Tribunal primero de Sentencia Grupo A presidido por Jazmín Barrios será el encargado de seguir el debate oral y público.
Francisco Vivar, abogado de las víctimas, dijo a The Associated Press que la resolución de la jueza De León le abre la puerta a la justicia a las comunidades “que llevan casi 40 años esperando justicia y que están luchando contra la impunidad”.
En 2013 Ríos Montt, junto a su jefe de inteligencia militar, el general José Mauricio Rodríguez, fueron condenados a 80 años de prisión por la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos de soldados del ejercito guatemalteco, pero la condena fue revertida por la Corte de Constitucionalidad por fallos en el debido proceso. En abril de 2018 Ríos Montt falleció sin ser juzgado.
En septiembre de 2018, un tribunal absolvió a Rodríguez por no encontrarlo responsable, pero dijo que en el país sí hubo actos de genocidio.
