CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El miércoles se cumplieron 25 años desde que un diario de Connecticut sacó a la luz uno de los mayores escándalos de abuso sexual de la Iglesia Católica: el caso del padre Marcial Maciel, un sacerdote mexicano denunciado posteriormente como un pederasta en serie que violó al menos a 60 chicos.
El diario informó entonces que ocho hombres acusaron al venerado fundador de la orden religiosa Legión de Cristo de violarlos y acosarlos cuando eran niños que aspiraban al sacerdocio.
Pasó una década antes de que el Vaticano lo sancionara. Mientras tanto, los primeros denunciantes fueron objeto de una campaña de difamación por parte de la Legión, que los calificó de mentirosos empeñados en calumniar a un hombre considerado un santo en vida.
Al cumplirse el cuarto de siglo de las revelaciones que mancharon la memoria de san Juan Pablo II, tres víctimas de Maciel aún reclaman que la Legión los compense por los abusos sufridos y el daño “moral” a sus reputaciones cometido por la orden.
Rechazaron las ofertas de compensación que aceptaron otras víctimas y un proceso de mediación iniciado en 2019 está empantanado, de acuerdo con correos electrónicos y documentos obtenidos por The Associated Press.
En 2010 el Vaticano se hizo cargo de la Legión con sede en México y puso en marcha un proceso de reformas después de que una investigación demostró que Maciel había abusado sexualmente de seminaristas y engendrado al menos tres hijos con dos mujeres. El Vaticano determinó que había creado una estructura de poder basada en el silencio, la mentira y la obediencia que le permitió llevar una doble vida.
Nada de esto era una novedad para la Santa Sede: documentos de los archivos del Vaticano revelan cómo, a partir de la década de 1950, una serie de papas, cardenales y obispos simplemente cerraron los ojos a los informes creíbles de que Maciel era un estafador, drogadicto, pederasta y fraude religioso. El Vaticano, y en particular Juan Pablo, apreciaban su capacidad para atraer vocaciones y donaciones.
La realidad de la depravación de Maciel tomó estado público el 23 de febrero de 1997, cuando el diario The Hartford Courant publicó un largo reportaje de los periodistas investigadores Jason Berry y el difunto Gerald Renner sobre Maciel y la orden, cuya sede estadounidense se encuentra en Connecticut.
El reportaje, que sirvió de base para el libro “Vows of Silence” (Cuya edición en español tuvo el título: “Voto de silencio: El abuso de poder durante el papado de Juan Pablo II”, 2004), cita con nombre y apellido a varias víctimas que, cada uno por su cuenta, relata cómo Maciel los llamaba a su cuarto por la noche y, bajo el pretexto de dolor abdominal, hacía que lo masturbaran.
“Cuando el Courant publicó el largo reportaje investigativo que hicimos Renner y yo sobre Maciel, pensamos que el papa Juan Pablo II vería la luz y castigaría a Maciel”, escribió Berry a The Associated Press en un correo electrónico. Observó que otros medios empezaron a informar sobre el abuso sexual clerical después de las revelaciones del Boston Globe en 2002 que sirvieron de base para la película “Spotlight” (En primera plana). “Para entonces, la fe ciega de Juan Pablo en Maciel era un encubrimiento, llámese como se llame, que duró hasta su muerte”.
En 1998, un año después del reportaje del Courant, las víctimas iniciaron una demanda canónica formal contra Maciel ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde el caso permaneció estancado hasta la muerte de Juan Pablo. Condenado en 2006 a llevar una vida de “penitencia y oración”, Maciel murió en 2008. La Legión aún lo consideraba un santo.
Tras el proceso de reforma ordenado por el Vaticano, la Legión se disculpó y trató de ofrecer compensación. Se ha visto obligada a enfrentar las revelaciones de una nueva generación de abusadores en sus filas —algunos de los cuales fueron de las primeras víctimas de Maciel— y de los superiores que los encubrieron, algunos de los cuales conservan posiciones de poder.
En 2020, la Legión se retractó públicamente de los “juicios institucionales y personales negativos acerca del carácter y los motivos de las personas que formularon acusaciones legítimas y necesarias” en el reportaje del Courant. Con respecto a las víctimas, a las que nombró, dijo: “Hoy reconocemos que sus acusaciones a favor de la verdad y la justicia fueron proféticas”.
Pero José Barba, uno de los ocho denunciantes originales, quiere que la Legión se retracte formalmente de lo que llama las “mentiras” que la orden entregó al Courant para tratar de desacreditarlo a él y las demás víctimas. Estas incluyen una carta según él falsificada de un obispo chileno que había investigado a Maciel en la década de 1950 y declaraciones de cuatro mexicanos según los cuales las víctimas habían intentado enrolarlos en una conspiración contra Maciel.
Barba, quien dice representar a las víctimas Arturo Jurado y José Antonio Pérez Olvera, escribió un borrador de carta al Courant y el diario del Vaticano para que la presentara la Legión a fin de retractar sus denuncias. Pero el superior de la Legión, el padre Eduardo Robles-Gil, se negó durante una reunión de mediación en diciembre de 2019 en Ciudad de México, afirmó Barba.
En un resumen de esa reunión fechado el 4 de enero de 2020, Barba dijo que el cálculo inicial de la Legión de una oferta de unas pocas decenas de miles de dólares para cada una de las tres víctimas restantes para cerrar el caso era “humillante”, y propuso formar un equipo de cinco expertos en arbitraje para determinar una reparación más “justa”.
Robles-Gil firmó el resumen con la siguiente aclaración: “Recibo esto sin aceptar el proceso que se pide y queda a consideración nuestra aceptarlo o no”.
El nuevo superior de la Legión, el padre John Connor, elegido en febrero de 2020, trató sin éxito de comunicarse con Barba. Dos cartas suyas no recibieron respuesta, hasta que Barba le pidió en un email el 5 de enero de 2021 que reanudaran las negociaciones.
Connor le aseguró que quería “encontrar la manera de contribuir a sanar y cerrar los dolorosos sucesos de la historia de nuestra congregación”. Pero Connor dijo en un email que la propuesta de Barba de los cinco expertos no ayudaría “a encontrar una solución compartida”.
Barba no le respondió: “No confío en ellos porque no es de buena fe”, dijo a la AP.
