SAN SALVADOR (AP) — El Ministerio Público de El Salvador presentó el viernes una acusación contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y otras 12 personas a las que vinculan con la masacre de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, que fue perpetrada por un comando del ejército durante la guerra civil hace más de tres décadas.
“La fiscalía general de la República está empeñada en llevar al banquillo de los acusados a los responsables de ordenar este lamentable y trágico hecho ocurrido durante el conflicto armado”, manifestó el fiscal general, Rodolfo Delgado, en un video publicado en Twitter. Añadió que esperan que esta acusación sirva para que este tipo de hecho no se repitan.
La decisión de encausar a los supuestos autores intelectuales se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su decisión de reabrir el caso.
Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a la Sala de lo Penal modificar la resolución del 8 de septiembre de 2020, que establecía que no debería de investigarse a los autores intelectuales de la matanza y decretaron el sobreseimiento definitivo. Después de conocer la resolución, en diciembre, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval por negarse a reabrir el caso, pero no se le había dado tramite.
Delgado pidió en noviembre a la Sala de lo Constitucional de la Corte que anulara el fallo de la Sala de lo Penal y que ordenara la reapertura del caso. Delgado sostuvo que la resolución vulneraba la seguridad jurídica y el acceso a la verdad y la justicia, declarando la nulidad en el proceso contra los supuestos autores intelectuales, entre los que se señala al expresidente Cristiani, al general René Emilio Ponce, ya fallecido, al general Juan Rafael Bustillo y al coronel Inocente Montano. Este último ya fue condenado por un tribunal de España.
Los abogados de los militares en situación de retiro, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios y Francisco Elena Fuentes (recientemente fallecido), presentaron recursos de apelación que la Sala de lo Penal de la Corte declaró inadmisibles y ordenó que “vuelvan las actuaciones al tribunal de procedencia, para los efectos legales aplicables”.
