MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha denunciado que entre enero y septiembre de 2021 fueron asesinados más de 440 civiles en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército y los rebeldes registrados en el estado sursudanés de Ecuatoria Occidental, al tiempo que ha indicado que durante los mismos se registraron «graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos».
En su informe, publicado de forma conjunta por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recoge que durante los enfrentamientos fueron además secuestradas unas 75 personas, mientras que cerca de 20 resultaron heridas.
«Al menos 64 civiles fueron sometidos a violencia sexual relacionada con el conflicto, entre ellos una niña de trece años que fue violada en grupo hasta la muerte», han indicado estos organismos, que han añadido que «cerca de 80.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares para escapar de los combates».
Asimismo, han apuntado que los saqueos y la destrucción de propiedades, el reclutamiento de niños soldado, los ataques contra personal e instalaciones protegidas y el discurso del odio y la incitación son parte de otras violaciones de los Derechos Humanos confirmados durante la preparación del informe.
El informe apunta como responsables a tropas del Ejército sursudanés encabezadas por James Nando y sus milicias afiliadas, así como a miembros de facciones del antiguo grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2018.
«Pedimos a todas las partes en conflicto que hagan rendir cuentas a todos los individuos implicados en los horribles asesinatos, violaciones y secuestros, entre otras graves violaciones de los Derechos Humanos», ha recalcado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«Las mujeres y los niños secuestrados deben ser inmediatamente liberados y reunidos con sus familias, mientras que los supervivientes deben recibir reparaciones», ha manifestado. Asimismo, ha incidido en que las acusaciones contra los sospechosos «deben ser investigadas de forma rápida, exhaustiva e independiente y los responsables deben ser llevados ante la justicia para que rindan cuentas».
En este sentido, ha hecho hincapié en que los responsables de instigar, facilitar y apoyar la oleada de violencia han sido identificados y ha detallado que entre ellos hay altos cargos militares y líderes comunitarios y religiosos del estado, situado al oeste de la capital del país, Yuba.
Por ello, tanto la oficina de Bachelet como la UNMISS han reclamado al Gobierno sursudanés que investigue y juzgue a los responsables y ha recordado que tras los incidentes, la misión de la ONU se reunió con altos cargos de Yuba y Ecuatoria Occidental para abordar el asunto, mientras que desplegó tropas, policías y personal civil en Tambura para permitir a las organizaciones humanitarias evaluar la situación y dar ayuda.
«Una paz sostenible sólo es posible si las graves violaciones de los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante el conflicto son abordadas a través de la justicia, la verdad, la reconciliación, la sanación, la compensación y las reparaciones», ha valorado Bachelet. «Los responsables de esta violencia tan brutal contra hombres, mujeres y niños en Sudán del Sur no pueden beneficiarse de la impunidad. La rendición de cuentas es clave para disuadir nuevas violaciones», ha zanjado.
