Con problemas para articular palabras, tiene plena capacidad legal, por lo que denuncia los prejuicios «absurdos» que llevan a la exclusión
Aspace insta a «destruir» la falsa vinculación entre la dificultad de estas personas en el lenguaje con la discapacidad intelectual
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La parálisis cerebral y los problemas de articulación de palabras no han impedido a Mayte García obtener dos carreras universitarias, dar ponencias o «gobernar su hogar», pero sí abrir una cuenta corriente al rechazar la entidad su solicitud por «no entenderla», y pese a su plena capacidad legal.
«Han demostrado que poseen discapacidades muchísimo más elevadas que la mía», sentencia García en una entrevista con Europa Press sobre la negativa de un banco con sede en Madrid, a abrirle una cuenta, lo que considera un ejemplo más de los «prejuicios absurdos y estúpidos» por los que se discrimina en distintos contextos a personas como ella.
Quería ingresar sus ahorros en esta entidad porque no cobran comisiones, por lo que acudió a una sucursal acompañada de una persona de su entorno que entiende «perfectamente» su forma de pronunciar. Tal y como cuenta, en aquella ocasión no pudo llevar el comunicador que va acoplado a su silla eléctrica –un sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) en el que puede escribir con la nariz todo lo que quiere decir, de manera que el interlocutor puede leerlo u oírlo–.
En el banco demandó la apertura de la cuenta, mientras su acompañante repetía «palabra por palabra» lo que ella decía, pero la entidad decidió no responder a su petición al no entenderla. «Yo dije que no era necesario que me entendiese, que me comunicaría por correo electrónico, pero dijeron que solo se comunicaban con sus clientes por teléfono», relata, para afear que durante aquella primera visita los empleados se dirigieron a su acompañante.
García no se dio por vencida y volvió junto a su acompañante para hablar con la directora de la entidad, que mantuvo la negativa a la apertura de la cuenta pese a que la mujer llevó un acta notarial que acredita su capacidad legal. «Me dijeron que no la querían ver y yo les conté que he vendido varias propiedades, firmado en varias notarias, ¿y no puedo abrir una cuenta?», recuerda. La entidad solo le dio la posibilidad de firmar un poder notarial a la persona que la acompañaba para abrirle la cuenta, a lo que ella se negó.
«He sentido muchísima rabia, impotencia y dolor», incide respecto a la falta de «empatía, justicia y comprensión» por parte de este banco, una situación que, señala, no le había tocado vivir con otras entidades que se han comunicado con ella por correo electrónico. Para García, en este caso se ha demostrado «una mentalidad estrecha y obsoleta».
Tras esto, llevó el caso a la asesoría jurídica de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), que puso los medios necesarios para proceder a denunciar a la entidad bancaria.
Sin embargo, García decidió no iniciar este proceso. «Pienso que ya no merece la pena», dice, teniendo claro que ya no dejaría sus ahorros en este banco: «No puedo confiar en unos empleados que me discriminan por tener dificultad para pronunciar y que dicen que no se comunican por correo cuando nos encontramos en la era de la tecnología».
Este suceso es uno de los ejemplos de cómo personas con parálisis cerebral con problemas de comunicación, como ella, ven afectados sus derechos, apunta, para recordar situaciones de conocidas que se han enfrentado a casos más graves, como juicios en los que no les han permitido declarar, incluso en casos de abuso sexual.
«La comunicación verbal no es la única forma de comunicación, sino que existen numerosas. Reclamo a la sociedad que acepte la diversidad de forma positiva, todos tenemos los mismos derechos», asevera analizando estas situaciones de discriminación.
NO RELACIONARLO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Respecto al caso de García, la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Aspace, Ángeles Blanco, resalta que la contratación es una de las esferas en la que se produce una mayor vulneración de personas con parálisis cerebral que tienen problemas comunicativos. Una situación relevante dado que el 98% de estas tiene disartria –problemas de articulación de palabras– y una de cada cuatro carece totalmente de comunicación oral, según datos de la Confederación.
Desde contratar productos bancarios hasta adquirir un billete de transporte, comprarse una camiseta, comer en un restaurante o firmar un alquiler, «es muy común que se encuentren con la negativa de estos sectores». Lo mismo sucede con el servicio sanitario o en el empleo, solo el 5% de estas personas accede a un trabajo, de acuerdo a datos de Aspace.
«Lo que ocurre es que se asocia la parálisis cerebral y uso de CAA con la incapacidad intelectual», avisa Blanco, para urgir a solucionar el desconocimiento sobre este método comunicativo que, a su juicio, es paralelo a otros como la lengua de signos. «Hay que destruir esa falsa vinculación, conocer la CAA y entenderla como un sistema comunicativo más. Solo cuando lleguemos a ese punto dejaremos de tener tanta discriminación y violencia contra las personas con parálisis», apostilla.
Para Blanco se ha producido un «gran avance» en los últimos tiempos en esta causa, como es que la ley del notariado haya reconocido la Comunicación Aumentativa y Alternativa y permita pedir certificados de capacidad intelectual plena, como el adquirido por Mayte García.
No obstante, destaca que se tiene que dar el paso para contemplar las realidades y métodos comunicativos de estas personas en el imaginario social y en el acceso a la justicia, donde se sigue sin admitir las declaraciones vía CAA en juicios.
CATÁLOGO DE ORTOPROTÉSICOS
Todo ello requiere recursos, como logopedas presentes en los procesos o ayuda económica para la adquisición de las herramientas necesarias, los denominados Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).
La delegada de Derechos Humanos de Aspace demanda que el catálogo de ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud incluya estos sistemas, entre los que en la actualidad hay productos de alta tecnología que pueden facilitar la vida de estas personas, pero «no todo el mundo se lo puede permitir».
Blanco cifra en alrededor de 5.000 euros de media uno de estos aparatos de ultima generación, mientras García planea continuar con su antiguo comunicador, un Toby Churchill Ltd Lightwriter comprado en 1997, pese a que está roto y a veces falla.
Le da «miedo» que le roben una tablet y prefiere quedarse con su dispositivo, que en todos estos años le ha permitido sentirse «segura» cuando va sola por la calle y le ha ayudado a graduarse en Periodismo y Geografía e Historia en la Universidad Complutense. Por el momento sirve para sus tareas, mientras su entorno entiende su forma de pronunciar. «Partimos de la base de que pronunciar no es lo mismo que hablar», concluye.
