El gobierno de Michoacán informó que están en proceso 60 denuncias tras los primeros avances de las auditorías aplicadas a la contratación de servicios subrogados por más de 7 mil 600 millones de pesos en el sector salud, mismas que podrían estar vinculados con medios de comunicación.
La secretaria de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa, detalló que de las 60 denuncias, 27 se presentaron durante el sexenio de Silvano Aureoles y 33 durante la administración actual. De estas últimas, 14 fueron presentadas por la misma Secretaría de Salud y seis están vinculadas a empresas relacionadas con medios de comunicación.
Al respecto, la secretaria de la @contraloriamich, Azucena Marín Correa, explicó que de las 60 denuncias en proceso, 14 fueron interpuestas directamente por la @SALUDMICH y seis están relacionadas con una empresa de comunicación a nivel nacional. pic.twitter.com/2KSEemWQlw
— Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) March 23, 2022
La funcionaria aludió a las investigaciones que publicó Álvaro Delgado en el portal Sin embargo en marzo de 2021 y el mismo mes de 2022; el cual vinculó a empresas como Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., propiedad de Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado –adversario político de Andrés Manuel López Obrador– con el medio Latinus y con el desvío de recursos durante la administración de Aureoles.
No obstante, Marín Correa indicó que, aunque esta información se puede consultar de forma pública en distintas plataformas, el gobierno del estado aún se debe reservar para garantizar el debido proceso. Por su parte, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció los avances en las auditorías en el sector salud, pero reafirmó que hay datos que, por el momento, se deben, reservar.
La titular de la Secretaría de Contraloría del estado explicó que de las 25 empresas que se han vinculado en con medios de comunicación en distintos espacios informativos, 21 fueron contratadas durante el gobierno de Silvano Aureoles.
La funcionaria añadió que continúa la auditoría a la Secretaría de Salud y que hay avances positivos en las investigaciones que se llevan en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Por otra parte, señaló que dependiendo del origen de los recursos –estatales o federales– y del avance de las investigaciones se determinará si hay daño patrimonial al estado, y se dará aviso a las autoridades correspondientes.
Entre las irregularidades que subrayó Marín Correa están la creación de nuevas empresas –exprofeso– para otorgar los servicios, o cambios de razón social; cambios de modalidades en el tipo de contratación sin unidades de medida, ni detalle de los servicios prestados; duplicidades en servicios otorgados por vicios ocultos y por no hacer válidas las garantías; así como la falta de entregables o del servicio que se comprometió a recibir.
