MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Alrededor de 15 civiles fueron asesinados en un ataque perpetrado en la noche del lunes por presuntos miembros de la milicia Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO) contra un campamento de desplazados en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC).
El presidente de la sociedad civil del territorio de Djugu, Jules Tsuba, ha detallado en declaraciones al portal congoleño de noticias Actualité que un total de catorce personas han muerto en el ataque y ha agregado que la mayoría de ellas han sido decapitadas a machetazos.
«Los milicianos de CODECO atacaron en campamento de desplazados de Lodda en torno a las 21.00 horas (hora local). Hay 15 muertos, catorce civiles y un militar», ha dicho, antes de agregar que otras siete personas han resultado heridas.
Las autoridades del campamento de Lodda, situado en Walendu-Pitsi, han indicado que la intervención de los militares y de ‘cascos azules’ de la (MONUSCO) permitieron expulsar a los atacantes de las instalaciones, en medio del aumento de los ataques de CODECO contra campamentos de desplazados en Ituri.
Por otra parte, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha condenado a través de la red social Twitter la matanza de más de 50 personas en un ataque perpetrado el domingo por CODECO contra una mina de oro en esta misma provincia.
«El presidente de la República condena con firmeza este crimen repugnante y atroz y presenta sus condolencias más sentidas a las familias de las víctimas, al tiempo que reitera su compromiso con erradicar todo movimiento de insurrección en suelo congoleño», ha zanjado.
CODECO, que incrementado sus ataques durante los últimos meses tras un parón por un proceso de contactos con las autoridades, está integrada predominantemente por miembros de la comunidad lendu, tras el aumento de los asaltos desde junio de 2019 y los enfrentamientos intercomunitarios entre los lendu y los hema en Ituri.
Las provincias de Ituri y Kivu Norte se encuentran bajo estado de sitio desde mayo de 2021, una medida extendida en abril en medio de una fuerte polémica por supuestos delitos contra la población cometidos por las fuerzas congoleñas y las quejas de políticos locales que no perciben resultados tras casi un año de esta situación.
