LA HABANA (AP) — El Parlamento cubano aprobó un nuevo Código Penal fuertemente criticado porque incluye un incremento de las penas para el disenso, no condena explícitamente el feminicidio y mantiene la pena de muerte.
“Es un Código moderno, muy inclusivo”, dijo en defensa de la iniciativa el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, a la televisión estatal que transmitió momentos del debate en la Asamblea Nacional. “Apuesta por la prevención y la educación antes que la represión y también prevé las sanciones con el suficiente rigor para las actuaciones más graves… (contra) la paz social y la estabilidad de nuestra nación”.
La reglamentación sustituye a la de 1987 y deberá pasar por una comisión redactora y publicarse en la Gaceta Oficial antes de entrar en vigor.
Entre las novedades del Código se incorporaron figuras para sancionar actividades “subversivas” o contrarias a la seguridad del Estado, incluido el uso de nuevas tecnologías, y se reforzaron las penas para casos de corrupción, especulación o acaparamiento.
También se incorporaron como agravantes los delitos de violencia de género o contra menores y discapacitados.
Sin embargo, se mantuvo la condena de muerte -suspendida de hecho desde 2003- para 23 tipos penales de “extrema gravedad”.
Este Código Penal “es una manera más del gobierno de blindarse contra la sociedad civil, contra la disidencia política”, dijo a The Associated Press la activista Saily González, residente de la provincia de Villa Clara que emergió como una voz opositora tras las protestas de julio de 2021.
González criticó en la nueva norma la edad mínima punible de 16 años, la pena de muerte y que se criminalice el financiamiento de los activistas a los cuales los propios organismos de seguridad del Estado impiden trabajar, así como que se endurezcan las sanciones para quienes critiquen a la autoridad, con lo cual se busca “neutralizar” cualquier señalamiento contrario.
“Es importante considerar cuál ha sido el uso del Derecho Penal en Cuba en los últimos años”, comentó a AP el abogado cubano y becario del Colegio de México, Raudiel Peña. “Está siendo criticado porque una buena parte de su contenido está dirigido a sancionar conductas que realizan sectores de la sociedad civil opuestos al gobierno”.
Los temores de Peña tienen que ver, por ejemplo, con que las penas por recepción de fondos se usen para sancionar el ejercicio del periodismo independiente.
En una inusual muestra de opinión diferente en la Asamblea, medios de prensa oficiales mostraron la disconformidad de la diputada y reconocida sexóloga Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, quien hizo votar al Parlamento una moción -que perdió- para incluir la figura de feminicidio.
La respuesta se la dio otra diputada, Teresa Amarelle, líder de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, quien aseguró que no era necesario agregar ese tipo penal específico pues ya el código contempla como agravante de un delito los motivos de género.
Del mismo modo, la líder religiosa y diputada María Armenia Yi Reina rechazó la inclusión de la pena de muerte, pero su propuesta no avanzó. La sanción máxima -que se ejecuta por fusilamiento- se aplica a delitos como espionaje, alzamiento en armas, grave alteración del orden público o destrucción de bienes estatales, entre otros.
Los diputados de la Asamblea Nacional comenzaron una ronda de sesiones extraordinarias este fin de semana -que se extendieron hasta el lunes- y en las cuales se aprobó un paquete con ocho proyectos de leyes que van desde la protección del medio ambiente y el amparo de los datos personales a la soberanía alimentaria y el nuevo Código Penal.
Las normas son parte de un cronograma legislativo que busca actualizar los reglamentos para adecuarlos a la nueva constitución que entró en vigor en 2019.
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Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP
