CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, inició el viernes un ayuno indefinido en una iglesia de Managua en protesta por la “persecución policial” que ha venido sufriendo, según denunció públicamente.
Mediante un video que fue publicado en la página de Facebook de la diócesis de Matagalpa en el norte del país, la cual administra, monseñor Álvarez dijo que agentes de la Policía Nacional lo siguieron durante todo el jueves e incluso violentaron su “círculo de privacidad familiar” mientras visitaba a una sobrina.
“Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día”, denunció el prelado, que también administra la diócesis de la norteña provincia de Estelí.
Monseñor Álvarez dijo que encaró a los oficiales y que éstos admitieron que lo seguían porque “obedecen órdenes”. Agregó que, lejos de suspender el acoso, por la noche los agentes “entraron en mi círculo de privacidad… poniendo en riesgo la seguridad de mi familia”, tras lo cual decidió refugiarse en una parroquia del sureste de la capital, donde inició el ayuno.
“Comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional a través del presidente o el vicepresidente de la Conferencia Episcopal me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar”, afirmó el obispo. “La inseguridad de este país es precisamente la policía, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución”, añadió.
El sacerdote se encuentra en la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, ubicada en el barrio residencial de Las Colinas, acompañado del vicario de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, según indicó en el mismo video.
La policía no ha reaccionado a la denuncia de Álvarez, que en los últimos meses dijo haber sufrido varios episodios de “acoso” y “amenazas” de activistas sandinistas en contra suya y de sus colaboradores más cercanos.
Monseñor Álvarez fue uno de los obispos que apoyó a los manifestantes que protagonizaron protestas contra Ortega en 2018. Desde entonces en sus homilías suele criticar duramente al gobierno, y exige la liberación de unos 180 “presos políticos” que según la oposición aún permanecen en las cárceles del país.
“Le ofrezco mi solidaridad y mi cercanía fraterna a mi hermano, Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien está siendo hostigado por la policía. Me uno a su oración, pidiéndole al Señor que lo proteja”, escribió en su cuenta de Facebook el exobispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, otro férreo crítico de Ortega y que abandonó Nicaragua en 2018 tras recibir amenazas de muerte.
A la denuncia de Álvarez se sumaron esta semana las de otros sacerdotes católicos, como el padre Uriel Vallejos, párroco de una iglesia en la norteña localidad de Sébaco, quien dijo que fue “fotografiado y asediado” por policías al circular por la ciudad.
También el sacerdote Harving Padilla, párroco de una iglesia de Masaya, vecina a la capital, denunció que la policía lo vigila permanentemente. El conocido opositor Yubrank Suazo, dirigente de la Alianza Cívica que estuvo preso en 2018, fue arrestado por la policía en Masaya el martes tras denunciar en sus redes sociales la situación del párroco Padilla.
Ortega, quien durante su primer gobierno en la década de 1980 se enfrentó con la Iglesia católica, ha llamado “terroristas y golpistas” a los obispos y sacerdotes, a los que acusa de haber participado en un “fallido golpe de Estado” en su contra.
A inicios de mayo el Parlamento -dominado por el oficialismo- anunció que estudiaba la posibilidad de endurecer las condenas a los opositores presos e incluso castigar con la cárcel a los religiosos que cuestionen al gobierno. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, reaccionó diciendo que la Iglesia no es “enemiga” del gobierno y que sigue “orando por quienes nos calumnian”.
La rebelión social de 2018 provocó una grave crisis en Nicaragua: la represión policial de los manifestantes dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
