MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Seguridad de ONU prorrogó el corredor por última vez durante un año en julio de 2021, un día antes de que expirase el plazo límite para que quedase sin efecto el pasillo de ayuda humanitaria, según ha detallado la ONG en un comunicado.
Ahora, Amnistía Internacional calcula que a consecuencia de la negativa o la obstrucción del Gobierno de Siria a la población desplazada por la guerra, más de 1,7 millones de personas (58 por ciento de los cuales son niños y niñas) podrían perder el "disfrute de derechos económicos y sociales".
Asimismo, la población internamente desplazada que vive en campamentos en condiciones atroces es considerada "extremadamente vulnerable", según ha detallado la organización, que sostiene que la mayoría de las personas que viven en tiendas de campaña "poco o ningún" caso tienen acceso a agua y saneamiento, lo que incrementa el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua.
"Muchos de estos hombres, mujeres y niños y niñas desplazados llevan más de seis años viviendo en condiciones de absoluta indigencia en el noroeste de Siria. Tienen escasas perspectivas de regresar a su hogar a causa de las violaciones de Derechos Humanos que las autoridades sirias siguen cometiendo en sus lugares de origen", ha aseverado la directora en funciones de Amnistía Internacional, Diana Seeman.
"Desde que perdió el control de la zona noroccidental del país, el Gobierno sirio ha cortado los suministros de agua y electricidad, obstruido el acceso de la ayuda humanitaria y atacado campamentos, centros médicos y escuelas, haciendo recaer en las organizaciones humanitarias la responsabilidad de prestar esos servicios", ha agregado.
Amnistía Internacional realizó durante 2021 y 2022 un informe para determinar la falta de acceso de la población residente en campamentos, predominante en Idlib, a sus derechos a una vivienda adecuada, a agua y saneamiento, así como a la salud. La organización entrevistó a un total de 45 personas, entre las que había personal de ayuda humanitaria y médico, además de mujeres y hombres desplazados de la zona, según datos de la organización.
El pasado 26 de mayo la Comisión de Investigación de Naciones Unidas para Siria advirtió de que, en caso de que el Consejo de Seguridad de la ONU no extendiera la ayuda transfronteriza a Siria, se estaría hablando entonces de un "fracaso de primer orden".
La comisión incidió en que en un contexto en el que Siria se enfrenta a su "peor crisis económica y humanitaria desde el inicio del conflicto", la comunidad internacional debe garantizar la asistencia al país y prolongar el compromiso actual, que expira el 10 de julio.
Ya la semana pasada, los miembros del Consejo de Seguridad expresaron puntos de vista, en ocasiones opuestos, respecto a la necesidad de extender esta autorización, que desde 2014 ha garantizado el acceso a la ayuda que millones de sirios necesitan de manera "desesperada".
Por otra parte, durante la última extensión hace un año, Amnistía Internacional la criticó como una resolución "de compromiso".
"Autorizar un solo cruce en Bab al Hawa una vez más durante uno o posiblemente dos períodos de seis meses es esencial, pero mínimo, y sigue siendo lamentablemente insuficiente para satisfacer las abrumadoras necesidades humanitarias de la población civil", ha explicado en un comunicado.
La ONG Amnistía Internacional ha criticado las condiciones de la prórroga, que ha descrito como una resolución "de compromiso" y acusa a Rusia de "ignorar" con sus condiciones "las necesidades humanitarias de los sirios", en palabras de la jefa de la oficina de la ONU de Amnistía Internacional, Sherine Tadros.
