El gobierno de Michoacán alista un paquete de reformas al Código Penal y a la Constitución del estado que contemplan penas de entre 40 y 60 años para los feminicidas, y de hasta 22 años para funcionarios que operen con recursos de procedencia ilícita; así lo informó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.
El pasado 7 de julio el Congreso local emitió la declaratoria de las reformas al artículo 94 de la Constitución estatal y al 31 del Código Penal, las cuales contempla que se eleve a 60 años la condena de los delitos considerados como graves.
Dichas reformas permiten que la que pena máxima para castigar el feminicidio pasa de los 50 a los 60 años; sin embargo, Ramírez Bedolla afirmó que aún está pendiente que se eleve de 25 a 40 años la pena para los feminicidas.
“Esta reforma al artículo 94 de la Constitución permite elevar las penas máximas hasta los 60 años, ¿esto qué significa? Que esto ya abre la puerta definitiva a que podamos ampliar la pena máxima del feminicidio y elevarla de 50 a 60 años, y también al Congreso elevar la pena mínima de feminicidio de 25 a 40 años”.
— Alfredo Ramírez Bedolla.
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Ramírez Bedolla explicó que la ampliación de la pena mínima aún está en terreno legislativo, pero detalló que ya concluyó el plazo de 60 días que marca la ley para consultar ayuntamientos y que el gobierno estatal está por publicar la reforma al artículo 94 que aumenta las penas de los delitos considerados como graves en el estado.
Entre enero y mayo de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 12 presuntos delitos de feminicidio en Michoacán, ubicándose entre los 11 estados a nivel nacional con más incidentes; mientras que Morelia se posiciona como uno de los ocho municipios con más cantidad de feminicidios, con cinco.
Cabe recordar que el mandatario michoacano propuso elevar las penas el pasado 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces Ramírez Bedolla fue duramente criticado por acusar a grupos feministas de promover la violencia; así como por los actos de represión que se dieron durante las protestas del 8M.
Subirán penas para funcionarios que operen con recursos ilícitos
El mandatario estatal refirió que las reformas a los artículos 236 y 237 del Código Penal de Michoacán, los cuales castigan con una pena de 15 años a las operaciones de procedencia ilícita, aumentarán hasta 7.5 años sus penas cuando estén involucrados servidores públicos.
Es decir que la pena máxima para los funcionarios públicos ascenderá hasta los 22.5 años, además de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
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Multas y cárcel a quienes ataquen las vías de comunicación y medios de transporte
La reforma al artículo 290 del Código Penal del estado contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de entre 300 y 5 mil veces la Unidad de Medida y actualización (UMA) a quienes perpetren ataques con violencia a las vías de comunicación y medios de transporte, o favorezcan la comisión de ilícitos o las acciones delincuenciales.
En los últimos años Michoacán ha enfrentado un panorama de toma y bloqueos de caminos por parte de grupos del crimen organizado y cárteles de la droga como ocurrió en municipios como Tepalcatepec y Coalcomán; o bien, bloqueos como los de febrero pasado cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadres de la Educación (CNTE) intentaron tomar las vías del tren en Uruapan.
