MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha encontrado el respaldo de sus socios parlamentarios para lograr la convalidación del segundo decreto ley de respuesta económica a la crisis de precios desencadenada a raíz de la escalada sin frenos en el precio de la electricidad y de la invasión rusa de Ucrania.
En todo caso, cada uno de los socios ha afeado al Gobierno la falta de negociación previa a la aprobación de las medidas, la insuficiencia de las mismas o la ausencia de medidas estructurales para contener la inflación, y no sus efectos.
"LOS PRÓXIMOS MESES VAN A SER COMPLEJOS"
Reconociendo que "los próximos meses van a ser complejos", el ministro de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presumido de que, lejos de la "austeridad" con la que se respondió en la anterior crisis financiera, el Gobierno de coalición responde ahora "con solidaridad" para garantizar "el apoyo de lo público" a los sectores más afectados.
Así, ha puesto en valor la nueva rebaja fiscal a la factura de la luz, hasta el 5% del IVA, así como la prórroga del resto de bajadas de impuestos a la electricidad, la prórroga del descuento de 20 céntimos al carburante, la limitación al 2% en la actualización de los alquileres, los aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, la prohibición de despedir por esta crisis en empresas que reciban ayudas o el 'cheque' de 200 euros para personas con rentas inferiores a los 14.000 euros.
También la bonificación a partir de septiembre del 50% de todo abono de transporte público gestionado por el sector público estatal --que será finalmente del 100% en el caso de Cercanías y Media Distancia, tal y como anunció este martes el presidente Pedro Sánchez-- y del 30% del resto del transporte público.
LOS SOCIOS LE ACUSAN DE "IMPROVISACIÓN" Y "POPULISMO"
Precisamente, varias formaciones 'amigas' han afeado que el Ejecutivo modificara esta bonificación no sólo antes de que entrara en vigor, sino incluso antes de llegar a presentarla en el Congreso, lo que a juicio de grupos como PNV y PDeCAT evidencia cierta "improvisación".
Para Joan Margall, de ERC, la gratuidad total es "un punto populista" --"si esta es la medida estrella, tenemos un problema"--, y ha exigido medidas estructurales y la ejecución de todas inversiones. Aun considerando que las medidas van "en la buena línea", cree que son "insuficientes", y ha invitado al Gobierno a hacer permanente, y no temporal, el anunciado impuesto a la banca, para gravar sus beneficios "siempre que sean estructurales".
También ha validado el decreto el PNV, aunque con "un 'sí' un tanto desolador", ha dicho su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, que cree que las medidas son "pan para hoy y hambre para mañana". Así, ha echado en falta medidas más selectivas, pero también medidas estructurales, y sobre todo "un Gobierno con más empatía, que escuche a los grupos y negocie de verdad".
Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de EH-Bildu, ha justificado su apoyo "por responsabilidad y por la gente", pero ha exigido "intervenir el mercado eléctrico de una vez" y conocer el coste de generación.
SUPERADO 'PEGASUS' LOS APOYOS AUMENTAN Y EL PP SE ABSTIENE
Con todo, el Gobierno ha ensanchado sus apoyos al anterior decreto ley y reducido sus votos en contra respecto al primer decreto ley de respuesta a la crisis de precios, que se examinó en el Congreso pocos días después de conocerse el escándalo de espionaje a líderes independentistas con el programa informático 'Pegasus'.
Esto desembocó que al voto contrario de PP, Vox y Ciudadanos se sumaran también los votos de ERC y Junts, que en esta ocasión han avalado la convalidación del segundo decreto.
No sólo ellos, ya que el PP también se ha movido a la abstención, tal y como ha anunciado poco después de la intervención en el Pleno de su diputado Jaime de Olano, que no ha llegado a precisar el sentido de voto de su grupo y que ha asegurado que las medidas prorrogadas por el Gobierno hasta diciembre "han fracasado".
"¿Qué les hace pensar que lo que no ha funcionado entre abril y junio va a funcionar entre julio y diciembre?", se ha preguntado, anticipando que estas medidas "van a volver a fracasar", pues "una cosa es paliar los efectos sobre algún colectivo y otra es atajar la raíz del problema".
