El PRI deberá pagar una multa de un millón 284 mil 241 pesos por aportaciones irregulares y recursos no reportados provenientes del gobierno de Baja California en 2015, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).
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El órgano electoral también reveló que el PRI retuvo salarios de funcionarios y legisladores de Baja California ese año, que fueron transferidos al partido.
En la sesión del Consejo General del INE, el consejero Jaime Rivera expuso que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral ordenó reponer el procedimiento desde la etapa de ampliación, para conceder al PRI cinco días hábiles para que manifieste por escrito lo referente al caso.
“Cabe aclarar que el partido político no dio respuesta alguna a los escritos de ampliación del objeto de investigación ni alegatos, por lo que no existen nuevos elementos que analizar en este procedimiento oficioso”, dijo.
Durante la sesión, el representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández, tampoco se pronunció sobre este caso.
La investigación reveló que el PRI recibió 8.9 millones de pesos del estado de Baja California sin identificar las cuentas de quienes aportaron esos recursos. Por tanto, se impuso una multa de 10% del monto, es decir, 895 mil 456 pesos.
La falta, abundó el INE, trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad en el origen de los recursos y se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral.
“Con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada [la sociedad]”, indicó.
El INE también acreditó que el PRI omitió reportar ingresos durante ese año por 259 mil 183 pesos, por lo que impuso una multa de 388 mil 784 pesos.
El acuerdo resuelve que se vulneraron los valores y principios protegidos por la legislación electoral en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar ingresos.
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Además, se comprobó que el Congreso estatal aportó 630 mil pesos al partido, mediante aportaciones de sus legisladores, pero esto no se consideró ilícito.
También se registraron aportaciones del presidente municipal de Ensenada por 4 mil 750 pesos, así como de cuatro personas físicas que ocupaban cargos de regidurías de ese ayuntamiento por 6 mil 500 pesos.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey señaló que contrario a lo que establece el proyecto, estos actos sí vulneran la normatividad electoral.
