MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La llamada Ley de Reducción de la Inflación 2022 se ha convertido en un argumento trascendental del partido Demócrata para defenderse de un posible castigo de sus rivales republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.
Todo comenzó el miércoles, con un acuerdo sorpresa entre el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Shumer, con el gran abanderado de los demócratas "moderados" --más cercanos al espectro conservador-- el senador por Virginia Occidental Joe Manchin, el mismo que tumbó en diciembre del año pasado la gran iniciativa de infraestructuras del presidente Joe Biden, y que ahora ha aceptado una versión rebajada, pero todavía contundente, de este plan.
La ley se basa en cuatro pilares fundamentales: un impuesto mínimo del 15 por ciento a las grandes empresas multimillonarias, un recorte el gasto federal en medicamentos con receta previa negociación con las farmacéuticas, una reforma del código fiscal y, por último, el cierre del llamado vacío legal de intereses acumulados que beneficia a las firmas de capital privado.
Con todo ello el Gobierno espera recabar 723.000 millones de euros, de los cuales 414.000 millones irían destinados a políticas medioambientales y otros 62.000 millones a la expansión de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado Asequible, la llamada Obamacare, hasta 2025. El resto del dinero, unos 293.000 millones de dólares, irá destinado a reducir el déficit.
EL VOTO CRUCIAL DE SINEMA
Esta vez, los demócratas tienen un plan para impedir un bloqueo republicano en el Senado que se reparten a medias (50 escaños a 50): el sistema de reconciliación. La mayoría de las leyes la cámara alta requieren 60 votos para ser aprobadas, en lugar de una mayoría simple de 51. Eso se debe a que solo un senador de cada 100 puede obstruir la legislación, y la única manera de final es lograr que 60 senadores acepten seguir adelante. Rara vez un partido tiene tal mayoría absoluta.
Sin embargo, ocurre aquí que el Senado tiene una regla especial: cualquier legislación directa y sustancialmente relacionada con el presupuesto federal no puede ser obstruida; se trata de una especie de "bala mágica" que se reserva para las legislaciones más importantes y cuya pertinencia y validez son decididas por la llamada asesora parlamentaria del Senado de Estados Unidos, Elizabeth MacDonough, quien ahora mismo está verificando que la legislación mencionada guarda realmente relación con el presupuesto general.
Ahora mismo Sinema, cuyo voto es crucial para garantizar los 50 'síes' del Partido Demócrata, está aguardando precisamente a la opinión de MacDonough, que podría no tener lugar hasta mediados de la semana próxima.
Aunque desde su oficina no se han hecho comentarios, fuentes próximas a la senadora por Arizona comentan que Sinema, uno de los elementos del partido más próximos a las grandes corporaciones, recela de aspectos de la legislación como el final del vacío de intereses acumulados o el impuesto mínimo de 15 por ciento.
Una negativa de la senadora al proyecto podría acabar con el proceso en el Senado, pero incluso sus recelos podrían alentar al llamado grupo de los llamados demócratas "moderados" encabezados por Josh Gottheimer, a fulminar el proyecto de ley en segunda votación en la cámara baja del Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes.
