SAN SALVADOR (AP) — El Ministerio Publico de El Salvador ratificó el miércoles la acusación formal contra cuatro hombres que integraron los llamados “Escuadrones de la Muerte” durante la pasada guerra civil en el país centroamericano y a los que se acusa del asesinato de cinco campesinos.
Los procesados son José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez. De acuerdo con las autoridades, es la primera vez que se procesa a acusados por crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra civil, que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Las investigaciones indican que los llamados “Escuadrones de la Muerte” fueron integrados por agentes de seguridad, militares y algunos civiles que asesinaron impunemente a opositores del gobierno.
Un informe de la Fiscalía General de la República señala que el 7 de abril de 1981 un grupo de hombres que vestían uniformes militares y con armas de guerra sacó con violencia de sus viviendas a las víctimas para privarlas de libertad y dos días después los cadáveres fueron encontrados con señales de tortura a la orilla de una carretera en un municipio en el oriente del país.
En agosto de 2021 tres de los cuatro imputados fueron capturados y durante la audiencia un juzgado declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, a dos de ellos y por su avanzada edad se les otorgó medidas sustitutivas a la detención a cambio de una fianza de 20.000 dólares. Orellana Iglesias continúan detenido, mientras que Alvarado Benítez está prófugo.
Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que investigó los crimenes cometidos durante la guerra civil concluyó que entre 1980 y 1991 se llevaron a cabo en forma sistemática y organizada violaciones a los derechos humanos por parte de grupos que actuaban como escuadrones de la muerte. Estos grupos, que actuaban clandestinamente, secuestraban a miembros de la población civil y de grupos rebeldes, los torturaban, los ejecutaban y usualmente los hacían desaparecer, señaló el informe. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el país.
