CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El juez Miguel Ángel Gálvez, reconocido por enviar a juicio al exdictador fallecido José Efraín Ríos Montt por genocidio, salió el viernes de Guatemala en medio de un proceso judicial en su contra que busca retirarle la inmunidad para ser juzgado por sus fallos anticorrupción y contra delitos de lesa humanidad.
Aunque el juez negó a The Associated Press haber abandonado del país, tanto el Instituto Nacional de Migración y una persona cercana al magistrado que pidió no ser citada por no estar autorizada a hablar corroboraron su salida de Guatemala. El juez partió el viernes a las 6 de la mañana rumbo a Costa Rica. Gálvez, en cambio, dijo que está en su periodo de vacaciones desde el 2 de octubre.
El magistrado tenía previsto acudir el viernes a una audiencia en su contra con el juez Roaldo Isaías Chávez, que lo investiga y que rendirá un informe a la Corte Suprema de Justicia para determinar si deben o no retirarle la inmunidad. Gálvez, que había denunciado ser criminalizado por sus fallos anteriores contra la corrupción, se ausentó de la audiencia justificándose en que no era pública.
“Estoy analizando las acciones a tomar en el caso, voy a enfrentar el proceso”, aseguró Gálvez a la AP.
Durante la administración de Alejandro Giammattei más de 30 operadores de justicia entre jueces, magistrados y exfiscales han abandonado el país en exilio luego de denunciar que están siendo perseguidos penalmente por el Ministerio Público por sus investigaciones anticorrupción. La fiscalía ha negado las acusaciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, congresistas estadounidenses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decenas de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado y rechazado la criminalización de operadores de justicia en Guatemala, incluída la denuncia contra Gálvez.
La Fundación Contra el Terrorismo, una organización alineada a la ultraderecha que acompaña y defiende a militares acusados de crímenes de guerra, denunció a Gálvez porque presuntamente se habría excedido al imponer prisión preventiva a personas procesadas en cinco casos distintos. La denuncia fue admitida a trámite y acompañada por el Ministerio Público que pidió que le sea retirada la inmunidad al juez, pese a que Gálvez no era el juez en tres de esos casos.
Gálvez ha denunciado que está siendo incriminado por haber conocido el caso llamado Diario Militar, un expediente que contiene información sobre la tortura, ejecución y desaparición de más de 100 personas entre sindicalistas, profesionales y estudiantes -algunos menores de edad- durante la guerra de Guatemala entre 1960 y 1996. Gálvez envió prisión a diez expolicías y civiles acusados en el caso.
EL juzgador también condenó al expresidente el general Otto Pérez Molina, acusado de corrupción por una millonaria defraudación aduanera en 2015, quién renunció al cargo junto a su gabinete.
Organizaciones internacionales y países como Estados Unidos o la Unión Europea se han pronunciado por el debilitamiento del Estado de derecho y la democracia en Guatemala. Estados Unidos ha retirado la visa para entrar a su territorio tanto a la fiscal general Consuelo Porras como al presidente de la fundación que denunció al juez Gálvez.
