La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que este sábado se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión contra los probables responsables de ordenar y llevar a cabo el homicidio del juez Roberto Elías Martínez, cuyo crimen fue orquestado desde los centros penitenciarios y por integrantes de un grupo criminal.
En una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el gobernador David Monreal, el fiscal explicó que la línea de investigación sólida arroja que dos de los implicados: José Julián y/o Ángel Said; así como Leopoldo Ismael, fueron quienes perpetraron la agresión armada contra el juez de control de Río Grande, bajo órdenes de los hermanos Marco Antonio y/o José Isabel; y Fernando, orquestada desde los centros penitenciarios, ya que ambos se encuentran recluidos por diversos delitos, integrantes del crimen organizado.
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Explicó que, en estos ocho días, después de que se registró la agresión contra el juez Elías Martínez, se logró “articular una línea de investigación sólida” que derivó en 11 órdenes de cateo en distintos puntos de los municipios de Guadalupe y Zacatecas, así como una serie de trabajo de inteligencia que permitió establecer que las dos personas que cometieron la agresión son investigados en calidad de coautores del delito de homicidio calificado, ya que “son responsables de los delitos quienes lo realicen en conjunto con otros”.
Mientras que los hermanos que están internos en el penal varonil de Cieneguillas y en el centro penitenciario del distrito judicial de Río Grande, serán investigados en calidad de autores mediatos, al explicar que la ley señala que “son responsables de los delitos quien lo lleve a cabo sirviéndose de otros como instrumento”.
Francisco Murillo mencionó que pasadas las 2 de la tarde de este sábado, los detenidos fueron puestos a disposición de juez de control para que dentro del término legal establecido resuelva su situación jurídica en torno a este homicidio.
También señaló que dentro de la línea de investigación llevó a la conclusión que el juez se pronunció en alguno de los asuntos de uno de los hermanos que está recluido en el centro penitenciario de Río Grande, lo que hace concluir que el motivo pudo ser por el desempeño jurisdiccional del juez: “por haberle negado tal vez algunas de las peticiones que hiciera el imputado”.
Ante el cuestionamiento de si los responsables del homicidio del juez pertenecen a un grupo criminal, el fiscal contestó: “Sí pudieran tener una relación los dos masculinos que están dentro de la cárcel, los que están afuera, aparentemente donde hasta ahorita, en esta investigación judicializada, sí pertenecen a un grupo criminal en particular”, sin precisar ningún nombre de grupo delictivo.
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También señaló que en este caso se da a conocer los avances por ser un caso relevante, además de “tratarse de una figura pública y por ser integrante del Poder Judicial y por dañar a las instituciones del Estado”.
Por su parte, el gobernador en su intervención destacó que dichas detenciones fueron “gracias al trabajo coordinado y de inteligencia” y por ser un objetivo el esclarecer estos hechos y mandar un mensaje a la ciudadanía, además de responder “al llamado de las víctimas y evitar que quienes cometen estos actos reprobables caminen libremente por las calles pensando que puedan evadir la ley”.
