MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
"Los poderes de la república, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas que sucedieron la tarde de ayer en Brasilia", comienza el comunicado.
La carta ha sido ratificada por el propio Lula, así como por la presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, y los líderes del Congreso, el de la Cámara de Diputados Arthur Lira y del Senado Veneziano Vital do Rego.
"Estamos unidos para que las providencias institucionales sean tomadas en los términos de las leyes brasileñas. Hacemos un llamamiento a la sociedad para mantener la serenidad en defensa de la paz y la democracia", dice la nota.
Por último, los firmantes de la misma solicitan que Brasil vuelva a la "normalidad" bajo el paraguas del "respeto" y el "trabajo" para lograr "el progreso y justicia social" que necesita la nación.
El comunicado se da después de la reunión de emergencia convocada por el presidente Lula tras el asalto a las sedes de los tres poderes: el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo. El encuentro ha tenido lugar en el despacho del presidente brasileño, el único espacio que ha evitado ser vandalizado.
En dicho encuentro han estado presentes otros jueces del Supremo como Luís Roberto Barroso y Dias Toffoli, además de varios ministros del gabinete, como el jefe de Casa Civil, Rui Costa, o los titulares de Hacienda, Fernando Haddad; de Justicia, Flávio Dino; y de Defensa, José Múcio, entre otros.
DESCONFIANZA EN EL GABINETE DE SEGURIDAD
La figura del ministro Múcio ha sido objetivo de las críticas no solo ya entre las bases del Partido de los Trabajadores, sino también por parte de otros compañeros de gabinete, como el ministro Dino, al entender que permitió que siguieren acampados una vez Lula da Silva fue investido hace una semana.
Dino hizo públicas las desconfianzas de una parte del Gobierno que considera que los responsables del Gabinete de Seguridad Institucional no hizo lo suficiente para prevenir y contener a los asaltantes, al recalcar que el contingente encargado de la seguridad de la Presidencia no actuó.
"Por qué no actuó es realmente objetivo de una investigación que no corresponde al ministerio de Justicia, sino que es específica del GSI y del ministerio de Defensa. Quiero creer que esa investigación ocurrirá", dijo el ministro Dino.
La desconfianza del Gobierno de Lula con el GSI viene de lejos, después de que dicha ofician no fuera incluida en el operativo de seguridad para la toma de investidura. Después de los ataques protagonizados por los acólitos de Bolsonaro, también se ha optado por dejarles fuera de los operativos más inmediatos.
En lo que respecta al ministro Múcio, de quien se destacó para su elección como titular de Defensa su papel conciliador con las Fuerzas Armadas, las bases del PT recuerdan ahora cómo insistió en que las manifestaciones frente al cuartel general del Ejército en Brasilia de donde salieron los asaltantes era "democráticas".
"Aquella manifestaciones en el campamento, y lo digo con mucha autoridad porque tengo familiares y amigos allí, son una manifestación de la democracia", dijo entonces el ministro de Defensa.
